Gobierno de España aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ante la preocupación empresarial por la competitividad internacional

El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Esta medida, que se espera entre en vigor progresivamente a partir del 1 de enero de 2025, afectará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. La iniciativa, impulsada decididamente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, es presentada como un “paso histórico” hacia una mejor conciliación de la vida laboral y personal y un mayor bienestar para los empleados. Sin embargo, ha encontrado la oposición frontal de la patronal CEOE y Cepyme, así como la inquietud de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que temen un impacto negativo en su productividad y en la competitividad internacional de la economía española.

Un "hito" social con división en el diálogo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la principal defensora de la medida, calificando su aprobación como “la medida que más desea el conjunto de los españoles” y un hito tras más de cuatro décadas sin modificaciones en la jornada legal. En sus declaraciones, Díaz enfatizó:

“Hoy es un día histórico para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados de la reducción de jornada”. “Trabajando menos se vive más. La tarea sin precedentes es repartir la productividad de las empresas entre el conjunto de España”.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado la intención del Ejecutivo de tramitar la ley por la vía de urgencia para “acortar pasos” y lograr un acuerdo parlamentario que permita su entrada en vigor definitiva antes de que finalice el año. No obstante, Cuerpo reconoció la complejidad del proceso:

“Somos conscientes de la complejidad de llegar a un acuerdo para que se apruebe el texto, pero creemos que podemos llegar a ese punto final donde se consigan estos derechos y se hagan manteniendo ese grado de ambición”.

El acuerdo cuenta con el respaldo explícito de los sindicatos, pero la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se descolgó de la mesa de negociación, advirtiendo de los riesgos inherentes para las empresas, especialmente para las pymes, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español y que, según argumentan, disponen de menos margen para adaptar sus estructuras.

El debate sobre la competitividad internacional

Uno de los ejes centrales de la discusión radica en el impacto que esta reducción horaria tendrá sobre la productividad y la competitividad de las empresas españolas en el escenario global. Desde el Gobierno y los sindicatos se argumenta que la medida podría, de hecho, mejorar la eficiencia y la calidad de vida, siguiendo el ejemplo de países como Alemania o Noruega, donde jornadas más cortas no han mermado, e incluso han mejorado, la productividad por hora trabajada.

Sin embargo, esta visión no es unánime. Expertos y organismos como el Consejo Económico y Social (CES) han advertido que el impacto económico de la medida está “insuficientemente fundamentado e incompleto”. Las pymes, en particular, expresan su temor a un incremento de los costes laborales y a una pérdida de flexibilidad, lo que podría mermar su capacidad para competir con empresas de otros países que operan bajo marcos regulatorios más laxos o que ya han internalizado procesos productivos adaptados a jornadas diferentes.

La voz de los empresarios: rechazo y advertencias

Progreso o retroceso. Las principales organizaciones patronales, CEOE y Cepyme, han manifestado unánimemente su rechazo a la propuesta, argumentando que “modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva”. Advierten que esta norma “debilita el marco de negociación colectiva y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido claro en su postura:

“Defenderemos nuestras posturas (las empresariales) y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas”.

Desde la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) se ha calificado la medida como un “golpe” para el tejido empresarial, advirtiendo que la reducción podría suponer un incremento de los costes empresariales de hasta un 6,25%. Este aumento, sumado a otras subidas recientes, “pone en peligro la supervivencia de miles de negocios, muchos de ellos familiares, que ya operan con márgenes muy ajustados”. Un portavoz de la patronal CEOE también señaló, según medios, que la reducción de jornada "afectará en mayor medida a las pymes, que podrían ver comprometida su viabilidad y su capacidad de competir internacionalmente".

A pesar de la postura oficial de las cúpulas patronales, un estudio reciente sugiere que la opinión entre los empresarios no es monolítica: un 47% de las empresas tendría una opinión positiva sobre la reducción, un 31% se mantendría neutral y un 22% la vería negativamente. El apoyo parece ser mayor en multinacionales (55%) y menor en microempresas (40%).

Efectos Previstos y Retos Futuros: Un Camino Entre Oportunidades y Desafíos

La implementación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales se vislumbra en el horizonte no exenta de significativos desafíos y posibles consecuencias que marcarán el tejido productivo español en los próximos años. En el corto plazo, uno de los impactos más directos para las empresas será el aumento de los costes laborales. La obligación de mantener el mismo nivel salarial trabajando menos horas repercutirá previsiblemente en los márgenes de beneficio, una presión que se sentirá con especial virulencia en aquellos sectores con menor capacidad intrínseca para absorber incrementos de costes o para generar mejoras rápidas en la productividad por hora.

Paralelamente, las compañías se enfrentarán a una ineludible necesidad de adaptación, tanto normativa como organizativa. Se espera que dispongan de un periodo transitorio, que se extendería hasta finales de 2025, para adecuar sus convenios colectivos y, lo que es más crucial, para reorganizar sus procesos internos y flujos de trabajo. Esta reestructuración será fundamental para encajar la nueva realidad horaria sin que ello suponga una merma en su capacidad operativa.

No obstante, el debate también contempla un potencial lado positivo. Existe una expectativa fundada en que una jornada más reducida, si se acompaña de una gestión inteligente del tiempo, mejoras en la organización del trabajo y un renovado impulso a la motivación de las plantillas, podría traducirse en una mayor productividad por hora efectiva. Este escenario ideal también podría conllevar una bienvenida reducción del absentismo laboral, contribuyendo así al bienestar general de los empleados y a la eficiencia empresarial.

Sin embargo, la sombra de una posible pérdida de competitividad se cierne como uno de los principales riesgos, especialmente en la arena internacional. Expertos y empresarios advierten que, sin la implementación de medidas complementarias robustas que impulsen la innovación, la formación continua y la búsqueda de eficiencias operativas, existe el peligro real de que la reducción horaria se traduzca, a medio plazo, en una menor producción total. Este desenlace podría llevar a España a ceder cuota de mercado frente a competidores internacionales que operan bajo marcos más flexibles o que ya han realizado ajustes productivos similares con estrategias de apoyo más contundentes. El equilibrio entre estos factores y la capacidad de adaptación del tejido empresarial determinará, en última instancia, el verdadero alcance y éxito de esta reforma.