El Club de Exportadores e Inversores Españoles critica la nueva Directiva Europea sobre Diligencia Debida en las cadenas de suministro

La reciente aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida en las Cadenas de Suministro por el Parlamento Europeo ha generado una fuerte reacción en la comunidad empresarial. La Directiva, aprobada el pasado 24 de abril, exige a las empresas de la UE garantizar que sus proveedores, y los proveedores de éstos, no violen derechos humanos y medioambientales en sus operaciones. Sin embargo, esta nueva regulación ha sido fuertemente criticada por el Club de Exportadores e Inversores Españoles.

La Directiva impone requisitos vinculantes y otorga a los Estados miembros la responsabilidad de supervisar su cumplimiento, con la posibilidad de imponer multas que pueden alcanzar el 5% de la facturación mundial neta de las empresas en caso de incumplimiento. Las empresas deben asegurar que tanto ellas como sus proveedores cumplan con la legislación, integrando sistemas de debida diligencia en sus estrategias empresariales para prevenir impactos negativos en derechos humanos y medioambientales.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles advierte sobre el impacto negativo que esta Directiva podría tener en la competitividad y sostenibilidad de las empresas europeas, así como en el desarrollo económico de los países emergentes

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha publicado una Nota Técnica titulada "Directiva de la Unión Europea sobre Debida Diligencia en materia de sostenibilidad empresarial y derechos humanos: cobertura, insuficiencias y debate actual", donde analizan el contenido y el impacto de esta Directiva. Entre los autores del informe se encuentran José María Viñals, Diego Sevilla, María Vara, Jimena Machado y Ana Morales.

Según el Club de Exportadores, “es rechazable, en primer lugar, el alcance de la responsabilidad civil prevista, pues resulta simplemente impracticable exigir que las empresas de la UE sean responsables de los incumplimientos que ocurran en sus cadenas de suministro a escala global.” Esta Directiva podría imponer un coste prohibitivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que podrían verse obligadas a cumplir con estos requisitos a pesar de no tener los medios para hacerlo por sí mismas.

Además, el Club señala que la Directiva podría provocar la deslocalización de la producción de países emergentes debido a las dificultades para cumplir con la normativa, lo que empobrecería a estos países y aumentaría las desigualdades globales. También mencionan el riesgo de represalias o penalizaciones por parte de los países donde las empresas europeas deben supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas.

La experiencia en otros países europeos, como Alemania, donde ya se han implementado obligaciones de debida diligencia similares, ha revelado “el insoportable peso adicional que estas medidas pueden representar” para las PYMEs. El Club concluye que situar a las empresas europeas en una óptica de sospecha generalizada resultaría contraproducente y empeoraría la pérdida de sustancia económica en la UE.

“La publicación de leyes de este tipo evidencia la creciente carga regulatoria y burocrática que soportan las empresas europeas, que aumenta sus costes y reduce su competitividad internacional. Aunque el objetivo que se persigue sea loable, esta Directiva crea un verdadero obstáculo al comercio y debilita a las empresas europeas.”