La Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, ha celebrado una jornada bajo el título “Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria” en  la que se han analizado las claves de la ley más importante para el sector alimentario español y que a pesar de ser una reforma que nace con el objetivo de solucionar el problema de la rentabilidad del agricultor está más cerca de aumentar los obstáculos y deficiencias que ya vivía el sector. 

Esta jornada, celebrada en el Centro Cultura de Cajamar en Almería con la colaboración Andersen, surge tras la necesidad de analizar y explicar los entresijos de la Ley 16/2021 publicada el pasado mes de diciembre en el BOE, por la que se modifica, por tercera vez en dos años, la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La actividad ha contado con una ponencia de José Miguel Soriano, socio de Andersen, quien bajo el título “Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria; implicaciones y efectos” ha señalado que “esta Ley amplía su ámbito de aplicación incluso al sector hotelero y de restauración a partir de un umbral de facturación. A pesar de que la LCA (Ley de la Cadena Alimentaria) pretende proteger el valor de la cadena agroalimentaria, son muchas las dudas e incertidumbres que crea desde un punto de vista jurídico”.

Tras esta ponencia ha tenido lugar una mesa coloquio moderada por Ricardo García, subdirector de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, en la que han participado Jesús Barranco, director general Alhóndiga La Unión; Cristina Toro, directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía; y Enrique Ríos, CEO de Única. 

El objetivo de la Ley es solucionar la rentabilidad del agricultor, pero su aplicación puede causar más problemas de los que ya vive el sector

Río ha destacado “la LCA tiene que pasar el filtro de utilidad en el mundo real, tiene que sernos útil en la defensa del gran bien común que es tener un gran sector agroalimentario español que aporte rentabilidad sostenida a los agricultores. Existen acciones en paralelo a la ley de la cadena como: unidad de acción sectorial, concertación de la oferta, lobby europeo y marketing sectorial que están aún en fase incipiente”

Otros aspectos que se han destacado durante la jornada es que “la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria tiene una relevancia enorme en el sector porque implica a todos los operadores de la cadena, sea cual sea el eslabón que ocupe (productor, distribuidor, mayorista, exportador, etc.), sea cual sea el producto agrario o alimentario, e independientemente del volumen del negocio”.

“También afecta a los operadores que se dediquen a otros productos, como la flor ornamental, jardinería, tabaco; a las empresas de restauración, a partir de 10 millones de euros de facturación, y de servicios de alojamiento, a partir de 50 millones de facturación, en cuanto a las compras que realicen de los productos regulados en la Ley”.
La clausura ha contado con la participación de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado que la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya entrada en vigor se produjo en diciembre de 2021, es “necesaria”, si bien ha advertido que resulta claramente “perniciosa” porque “regula de más”. En este sentido, ha apostado por una ley que sea “posibilista para el sector”, por lo que ha sentenciado que “no habrá más remedio que modificarla”. Asimismo, la consejera ha lamentado que desde el Gobierno de España no se tuviese en cuenta las alegaciones presentadas desde Andalucía “por unanimidad y de la mano de las organizaciones agrarias y cooperativas”.