El gobierno británico ha anunciado el aplazamiento, hasta finales de 2023, de los nuevos controles sanitarios y fitosanitarios a las importaciones comunitarias que iban a comenzar a realizarse en julio, lo que para el sector de frutas y hortalizas frescas supone que la mercancía no tendrá que ir acompañada, de momento, de un certificado fitosanitario ni será sometida a controles físicos o de identidad adicionales en los puntos de control fronterizos.

Según las fases establecidas por el gobierno británico, tras el Brexit, para controlar las mercancías importadas de la UE, el 1 de julio las frutas y hortalizas frescas deberían ir acompañadas de un certificado fitosanitario y se iban a iniciar también controles físicos y de identidad en los puntos fronterizos. No obstante, tras el anuncio del jueves pasado, estos dos requisitos se postponen al menos hasta finales de 2023, como había avanzado FEPEX.

El gobierno británico argumenta que con este aplazamiento quiere evitar los costes derivados de estos controles a las empresas y consumidores británicos, dada la situación del conflicto militar en Ucrania y el incremento de los precios de la energía

Los controles que se han introducido hasta ahora se mantienen vigentes. En este sentido para el grueso de las frutas y hortalizas frescas se tiene que seguir presentando la declaración aduanera (DUA) y el certificado de conformidad con las normas de comercialización, requisitos ambos que son obligatorios desde enero de 2021. Por otro lado, hay vegetales considerados de alta prioridad como la patata (tanto de la siembra como la de consumo) y las plantas. que ya tienen requisitos en vigor más exigentes, y estos productos si tienen que ir acompañados de certificados fitosanitarios y también son objetivo de controles físicos en puntos de destino autorizados.

El anuncio del nuevo aplazamiento de los controles fitosanitarios a las importaciones es valorado positivamente por el sector productor exportador de frutas y hortalizas frescas agrupado en FEPEX, y contribuirá a reducir la carga administrativa, que ya se ha incrementado desde el 1 de enero de este año, cuando Reino Unido salió de forma definitiva de la UE.

El gobierno británico argumenta que con este aplazamiento quiere evitar los costes derivados de estos controles a las empresas y consumidores británicos, dada la situación del conflicto militar en Ucrania y el incremento de los precios de la energía. Consideran que sería un error imponer nuevas cargas administrativas, y correr el riesgo de colapsar los puertos y las cadenas de suministro en este momento, según la web del gobierno inglés y las informaciones de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres y de la Embajada de Reino Unido en Madrid. Estiman que aplazar estos controles ahorrará a las empresas británicas hasta 1.000 millones de libras esterlinas. En la declaración oficial, se expone que los controles que se iban a implantar en julio replicarían el modelo de control que utiliza la UE en sus importaciones de terceros países, que resulta demasiado complejo y costoso.

 A su vez, el gobierno británico ha anunciado que está acelerando un programa para la digitalización de las fronteras de Gran Bretaña, cuyo modelo operativo podría verse publicado en otoño y que establecería un nuevo régimen de controles fronterizos de importación, con 2023 como posible fecha de introducción para el régimen de controles.