Bolivia: a la espera de un marco normativo que impulse la inversión exterior

Acercar las infraestructuras y servicios a toda la población ha sido un desafío constante y fuente de oportunidades de trabajo en Bolivia, país situado en el corazón de Sudamérica, que alberga a más de once millones y medio de habitantes y cuya densidad de población apenas llega a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Configurado como un país relativamente pequeño, pero con un peso no desdeñable en la región, su economía ha experimentado una constante evolución en las últimas décadas. Su PIB per cápita es de 3.196€, según los datos correspondientes a 2019 y, aunque es uno de los más bajos de la región, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Una mirada al grado de cohesión social que nos proporciona el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta (donde 1 es la perfecta desigualdad y 0 la perfecta igualdad), nos muestra que se ha evolucionado de un registro de 0,58% en 2005, a otro de 0,41 en 2019, según datos del Banco Mundial, lo que denota la mejora progresiva de la situación en el país.

Bolivia terminó 2020 con una deuda interna y externa que llega, en total, al 47,79% del PIB, cifra que se ha elevado significativamente respecto a 2019, pero que los economistas consideran manejable, siempre que se ajuste el gasto y se realice una inversión pública inteligente.

La integración internacional del país se estructura sobre dos ejes: la Comunidad Andina, creada en 1969, y de la que fue fundador, y el Mercado Común del Sur (Mercosur), club al que ingresó como miembro de pleno derecho en julio de 2015.

La importancia económica de Bolivia en la región deriva de dos factores principales, su capacidad para suministrar gas natural (de hecho, esta fuente de energía representó su principal exportación en 2019, seguido por el oro y otros minerales) y su condición de eje articulador de las comunicaciones terrestres en Sudamérica.

En 2019 y 2020, el principal destino de las exportaciones de Bolivia fue Mercosur, representando en 2019  el 33,6% de sus exportaciones totales. A este mercado siguió en importancia el representado por los países miembros de la Comunidad Andina, con el 10,8%, y los Emiratos Árabes Unidos, con el 9,3% del total. La Unión Europea se situó como cuarto socio comercial, con un 9% de sus ventas al exterior, siendo además el tercer origen principal de sus importaciones, con un 10,7% de cuota.

En lo que a la inversión respecta, la pandemia impactó de manera significativa en los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia. En 2020, los flujos de inversión directa extranjera neta fueron negativos, agravando la tendencia de 2019. Se pasó de -217 millones de dólares en este año a -1.048 millones en 2020.

Estos datos, que a priori parecen negativos, se explican no sólo por el golpe infligido por la pandemia, sino también por la dependencia de la economía boliviana de las materias primas, sector que sufrió fuertes pérdidas en los mercados internacionales. Sin embargo, tras el auge actual del precio de las materias primas, esta tendencia podría invertirse.

Además, esta situación no solo afecta a Bolivia, sino a toda la región, pues en el contexto de pandemia y recesión económica, en América del Sur los flujos de IED se redujeron con relación a 2019. Si ese año el flujo de inversiones ascendió a 160.721 millones de dólares, esta cifra ha sufrido una reducción que se sitúa entre el 45% y el 55%.

En el ámbito legal, resulta significativo señalar que el 4 de abril de 2014 se promulgó una nueva Ley de Promoción de Inversiones, la Ley Nº 516, que establece un marco jurídico e institucional para la promoción de inversiones en Bolivia, y que el 25 de junio de 2015 fue aprobada la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de aumentar la seguridad jurídica de los inversionistas. Además, por lo que se refiere a la relación con España, desde 1998 existe un convenio de doble imposición. A este se sumó en 2001 un acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones, que dejó de estar en vigor en 2012 tras ser denunciado por Bolivia.

Las relaciones bilaterales entre España y Bolivia han sido tradicionalmente cordiales. Nos une el idioma y unas relaciones culturales que se remontan a siglos. Sin embargo, en el plano económico, nuestros intercambios han experimentado una tendencia decreciente en los últimos años, si bien se ha conservado un saldo comercial positivo para España.

Por otra parte, España fue el segundo mayor inversor en Bolivia en 2019 (último dato disponible) en términos de flujos, y se encuentra entre los principales inversores en términos de stock.

Entre los sectores de oportunidad que presenta el país, cabe mencionar el sector de las infraestructuras de transporte (carretera, aeroportuario y ferroviario), hospitalarias, y agua y riego, aparte de hidrocarburos y minería (vehículos y equipamiento), turismo y ocio, vehículos y equipamientos para infraestructuras, editorial, farmacéutico, químico y tecnologías de la información.

En suma, se trata de un país con unas perspectivas de crecimiento notables que, gracias al idioma y la cercanía cultural, podrían ser fácilmente aprovechadas por las empresas españolas. Ahora bien, sería deseable un desarrollo legislativo en materia de inversión extranjera que ofreciese un marco de seguridad jurídica, lo que favorecería, sin duda, un mayor dinamismo y crecimiento de la economía boliviana.

Por Antonio Bonet,

Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles