Una de cada tres empresas que solicitan avales y garantías no los rescatan

Para financiar sus operaciones precisan todas ellas de avales y garantías, instrumentos que se han convertido en el fondo de armario del nuevo modelo de crecimiento de la economía española.

Entrando en detalle, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó 254.530 millones de euros en 2016, gracias al trabajo de 148.794 empresas. Del total, 49.792 empresas lo hicieron regularmente, un 4,2% más que en 2015. Afortunadamente, el número de empresas exportadoras regulares, aquellas que según la definición del Ministerio de Economía lo hacen en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes, sigue aumentando en España desde 2012. Alrededor de un 49% del total lo hicieron por primera vez, lo que nos lleva a reflexionar sobre cuáles podrían ser los hándicaps por los que no repiten, ya que sólo el 15% consiguieron la categoría de empresas exportadoras consolidadas. Exportar e importar con éxito y poder repetir está sujeto por tanto a la capacidad de la empresa para financiar su actividad en el exterior. En cuanto a la internacionalización, muchas empresas no sólo han hecho de ella el núcleo de su estrategia, la realidad es que tienen puesto el foco además, en aumentar su tamaño para acceder a nuevos mercados. De nuevo, la capacidad de financiación es clave para ellas.

Todas las empresas mencionadas necesitan solicitar avales y garantías para licitaciones nacionales e internacionales, ofrecer garantías de pago a proveedores, el suministro de materiales, formalizar alquileres de oficinas y locales, aplazar deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social, etc. Por ello, es de vital importancia conocer qué es y cómo funciona un aval bancario. Se trata de un compromiso de pago en favor de un tercero, que asegura el cumplimiento de una determinada obligación en caso de no cumplir el avalado. El banco o entidad de crédito adquiere esta responsabilidad de pago ante un tercero o beneficiario, en el supuesto de que su cliente o deudor principal no cumpla con determinadas prerrogativas reflejadas en el aval.

Dependiendo de la finalidad del aval, los más usuales son los técnicos y los económicos. En los primeros, la entidad de crédito que ha concedido el aval responde en caso de incumplimiento de los compromisos que tiene su cliente por su participación en concursos, subastas, ejecuciones de obras o contratos de suministro. En los avales económicos, la entidad de crédito avala a su cliente en operaciones por las que está obligado a pagar una determinada cantidad en un plazo previamente fijado.

El aval puede pactarse por un plazo determinado o indeterminado. En caso de que no haya una fecha de terminación del aval, si el avalado quiere dar por cancelada la garantía, la entidad le exigirá que le devuelva el documento original o bien le pedirá la anulación del mismo de forma clara y expresa. El banco avalista se llevará una comisión por formalizar el contrato y mantener el aval. El tipo de aval, duración, importe máximo a pagar, requerimientos del pago, obligaciones objeto del aval y datos del ordenante, son cuestiones a tener en cuenta a la hora de su rescate.

En principio parece sencillo, pero las empresas no cuentan ni con procedimientos establecidos, ni con herramientas de IT adecuadas, ni personal dedicado a la recuperación de avales y garantías que realice un seguimiento desde la solicitud hasta la cancelación. Los avales son solicitados a las entidades financieras por los departamentos Financiero, Administración y Tesorería. Una vez que llegan, suelen enviarse al departamento Comercial, a Operaciones o al Técnico, que son los que los necesitan para presentarse a un concurso, pliego o iniciar la colaboración con el cliente. La comunicación entre los departamentos no suele ir de la mano, ya que muchas veces los que están en contacto con el cliente (Comercial, Operaciones y Técnico) son los primeros conocedores de si ya se puede recuperar el aval o si hay alguna anomalía que pueda dilatar su recuperación.  También sucede a menudo que se solicita un aval provisional para presentarse a un Concurso y nadie se ocupa de perseguir después el tema para ver si no ha sido adjudicatario y en su caso solicitar la recuperación del aval.

 
Otro caso no menos interesante es el de las Uniones Temporales de Empresas (UTE). En esta situación tendríamos que ver en qué posición estamos dentro de la UTE, ya que quien ostente su gerencia normalmente será el encargado de la recuperación de todos los avales, incluidos los de los consortes. Como puede verse, son muchas las circunstancias que pueden producirse. Lo recomendable es contar y seguir unas normas claras para minimizar las incidencias que podamos tener y detectarlas cuanto antes, que podrían resumirse en:

• Guardar y controlar toda la documentación que da origen a la solicitud del aval (contratos, adjudicaciones, concursos, etc.); la copia del aval/garantía; toda la documentación posterior a la solicitud del aval (acta de finalización de los trabajos, de entrega de material, acta de recepción definitiva, etc.), así como cualquier comunicación del beneficiario que pueda dar lugar tanto a la cancelación como a la prorrogación del aval.

• Tener identificados los contactos de las entidades bancarias y de los beneficiarios, especialmente si se trata de grandes organismos públicos).

• Conocer el tipo de aval del que se trata.

• Revisar las condiciones pactadas, ya que hay veces que se puede solicitar una cancelación o reducción del aval y no somos conocedores de ello.

• Contar con una herramienta informática que nos ayude con el seguimiento y cancelación de los avales.

• Establecer un procedimiento en el que se especifique quién es el responsable de solicitar el aval, hacer su seguimiento, solicitar su cancelación, informar y resolver las incidencias, etc.

• Designar un responsable para los avales dentro de la organización.

• Perseverar en la carrera de fondo que supone la recuperación de avales, especialmente con la Administración, ya que muchas veces, aunque tengamos todos los documentos firmados y sellados, los trámites con la Caja General de Depósitos y sus organismos suelen dilatarse entre 2 y 5 meses como mínimo.

Eduardo Ochoa, Head of Operations Performance en Ayming