Día Lunes, 26 de Enero de 2026
En consonancia con el punto 4 del acuerdo de paz, el gobierno colombiano y
representantes de las FARC han presentado un plan para substituir los cultivos ilícitos en el
país.
El proyecto estará dotado de 340 mill.$ en 2017 y se aplicará en 40 municipios que, se estima, son responsables de la producción del 50% de la cocaína colombiana. En una primera fase se pretende erradicar el cultivo de la hoja de coca en 50.000 hectáreas. Subvencionar la substitución del cultivo de coca, marihuana y amapola por productos agrícolas autorizados es mucho más rentable que fumigar las explotaciones ilegales. Para suprimir una de las cuatro de las cosechas anuales de coca la fumigación destructiva cuesta 6.800 dólares por hectárea, sin contar los problemas ecológicos y sanitarios que conlleva. Los agricultores que abandonen estas actividades podrán recibir hasta 340 dólares al mes y hasta 3.000 dólares para financiar proyectos autónomos de seguridad alimentaria. Colombia es el primer productor mundial de coca, con 96.000 hectáreas de cultivo, y el principal productor de cocaína (646 toneladas en 2015, según la ONU). Las FARC han reconocido que la base de su financiación provenía de los productores, fabricantes y distribuidores de esta droga.
· Asesinatos preocupantes. El organismo público colombiano Unidad para las Victimas ha informado que desde la ratificación del acuerdo de paz con las FARC, el 1 de diciembre pasado, han sido asesinados 17 líderes de organizaciones sociales. Por su parte, la oficina de la ONU para la defensa de los derechos humanos ha contabilizado 64 asesinatos de personas defensoras de los derechos civiles de los colombianos en 2016. La última víctima ha sido Porfirio Jaramillo, líder del movimiento Tierra y Paz, una organización que defiende la restitución de sus tierras a los desplazados por la violencia. Las FARC han alertado sobre estos homicidios, temiendo que se repita el mismo fenómeno que dio al traste con los pactos alcanzados en el anterior proceso de paz durante la presidencia de Belisario Betancur (1984). En esa época, 3.000 militantes del partido de izquierdas Unión Patriótica fueron asesinados por milicias paramilitares de extrema derecha con la complicidad del ejército. La guerrilla atribuye los actuales asesinatos a comandos paramilitares que siguen estando activos. El gobierno considera, sin embargo, que se trata más bien de grupos de narcotraficantes formados por antiguos milicianos que, en teoría, fueron desmovilizados en 2006.
· Negociaciones con el ELN. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha liberado el pasado 2 de febrero al exdiputado Odín Sánchez, tras nueve meses de secuestro, lo que permitirá que recomiencen el 7 de febrero las conversaciones de paz en Quito. Por su parte, el gobierno colombiano ha indultado por razones humanitarias a dos rebeldes encarcelados, Nixon Cobos y Leivis Valero. Los últimos cinco presidentes colombianos han intentado negociar con el ELN sin conseguirlo, lo que ha hecho que los “elenos” hayan seguido su andadura en paralelo a las FARC. De acuerdo con fuentes oficiales, están presentes en 80 municipios, fundamentalmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Dispondrían de entre 1.500 y 2.000 guerrilleros y un número indeterminado de militantes. La estructura asamblearia del ELN dificultará la negociación. Será difícil encontrar puntos de encuentro con una organización donde hay múltiples puntos de vista y donde los jefes de unidades disponen de una amplia autonomía. Además, los “elenos” parecen ser mucho más exigentes en sus demandas que las FARC. El período de negociación también es un factor a tener en cuenta: las elecciones presidenciales son en 2018, algo que le importa poco a la guerrilla marxista, pero que deja escaso margen de maniobra al gobierno.
Fuente: CESCE







































