Conscientes de que la actividad internacional de las empresas españolas ha crecido exponencialmente en los últimos años, se hacía imperativo conseguir una mayor eficiencia y eficacia de las políticas de internacionalización de la empresa. La demanda externa, además de convertirse en el motor de la recuperación de nuestra economía, está llamada a convertirse en un elemento estructural clave para el crecimiento a largo plazo de la economía española. En el pasado año nuestro país fue el tercero en el ranking mundial, solo por detrás de China y Reino Unido, que vio incrementado su potencial de exportación.

Sin embargo, a nadie escapa el hecho de que la realidad en la que se desenvuelven nuestras empresas es mucho más compleja en el ámbito de comercio internacional que a la tradicional exportación de bienes se ha unido la exportación de servicios y las inversiones en el exterior como actividades destacadas de la dimensión internacional de nuestras empresas. Actividades que más allá de su efecto positivo directo sobre nuestra producción, contribuyen a generar condiciones más competitivas para las empresas españolas, dando lugar a un círculo virtuoso y generando externalidades positivas para el conjunto de la economía.

El sistema de apoyo financiero a la actividad internacional se traduce en la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización a través de los distintos instrumentos de seguro o garantía que permite la normativa vigente. En el mencionado sistema se integran las Agencias de Crédito a la Exportación conocidas como ECA (Export Credit Agencies) que han sido desde su creación un instrumento esencial de la política comercial española. A través del mismo, el Estado da cobertura a gran parte de los riesgos asociados a las operaciones de internacionalización, ya sean riesgos de carácter comercial, político o extraordinario. Como instrumento de política comercial, tiene la ventaja de complementar y completar la financiación privada puesto que se apoya en ella, sirviendo de catalizador en momentos como el actual de insuficiencia de recursos financieros para financiar las operaciones de comercio e inversiones. Al mismo tiempo, el seguro por cuenta del Estado ha generado desde su creación un flujo de ingresos neto positivo para el Estado. Por otra parte, es cada vez más notorio que las empresas innovadoras necesitan realizar proyectos de I+D+i en cooperación internacional con otras empresas y centros de I+D, que refuercen su competitividad y a la vez sienten las bases para extender su presencia en mercados exteriores. Como instrumento de política comercial, el seguro por cuenta del Estado debe garantizar que nuestros exportadores e inversores cuenten con condiciones tan competitivas como las de sus competidores en los mercados internacionales.

La Ley 10/1970, de 4 de julio, atribuyó a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, CESCE, de forma exclusiva la gestión del seguro por cuenta del Estado. Sin embargo, la posible pérdida de la participación mayoritaria del Estado en el capital de CESCE, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, hacía necesaria una nueva ley que se adaptara al panorama normativo actual. En este sentido, a través de la promulgación de la Ley 8/2014 sobre la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos asociados a la internacionalización, se realizará a través de un Agente Gestor con quien se celebrará un convenio de gestión sin que sea necesaria la naturaleza pública de aquél. Para garantizar que el Agente Gestor desempeñe sus atribuciones conforme a las instrucciones de los órganos responsables de la política comercial española, resulta necesaria la creación de una Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Dicha Comisión controlará la gestión del seguro por cuenta del Estado realizada por el Agente Gestor, con el fin de que dicha gestión se realice con diligencia y en condiciones idóneas de costes, asignando a la misma los recursos necesarios, cumpliendo con las prioridades de nuestra política comercial y permitiendo a nuestros exportadores competir en igualdad de condiciones con sus competidores. Resulta esencial al mismo tiempo delimitar el marco económico-financiero en el que el Agente Gestor realizará las tareas encomendadas, estableciéndose de forma clara en la Ley 8/2014 que el Estado asumirá la responsabilidad última como garante o asegurador de las coberturas concertadas por su cuenta.

Por otro lado, la ley contempla un plazo de ocho años durante el cual CESCE actuará como Agente Gestor. De esta forma, será posible que la gestión de la compañía pueda beneficiarse de la mejora en la eficacia y eficiencia asociadas al nuevo marco regulatorio asegurando al tiempo la estabilidad del sistema de modo que exportadores, inversores y entidades financieras puedan contar con el apoyo de CESCE evitando sobresaltos en la gestión del seguro.

Marisa Moreno Castillo de Gaona Abogados.