La Comisión Europea ha tomado la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a la falta de transposición de dos Directivas fundamentales en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El Ejecutivo comunitario, tras agotar los plazos de advertencia previos, solicita además la imposición de sanciones pecuniarias contra el Estado español, que se sitúa como el único país miembro que no ha notificado aún las medidas nacionales de cumplimiento.

El núcleo del conflicto reside en la no integración de la Directiva (UE) 2020/285 y la Directiva (UE) 2022/542. Mientras que el resto de los veintiséis socios de la UE ya han adaptado sus legislaciones, la inacción de España genera riesgos de doble imposición o no imposición en sectores estratégicos como los servicios virtuales y el comercio de bienes de ocasión.

Impacto en las pymes y el comercio transfronterizo

La Directiva (UE) 2020/285 introdujo cambios sustanciales para las pequeñas y medianas empresas con el fin de reducir los costes de cumplimiento y minimizar el falseamiento de la competencia. Aunque España ha manifestado que no aplicará la exención del IVA nacional para pymes —una opción permitida para los Estados miembros—, la normativa le obliga a permitir que las empresas españolas puedan acogerse a este régimen en otros países de la Unión Europea.

Para que una pyme establecida en España pueda operar bajo exención en otro mercado comunitario, es imprescindible que primero se registre ante las autoridades tributarias españolas, un trámite actualmente bloqueado por la falta de transposición legal.

• Reducción de los costes de cumplimiento del IVA a escala nacional y comunitaria.
• Disminución del impacto negativo del efecto de umbral.
• Facilitación del seguimiento por parte de las administraciones tributarias.
• Modernización de los regímenes simplificados para el tejido empresarial.

Incertidumbre en servicios virtuales y bienes de ocasión

Por otro lado, la Directiva (UE) 2022/542 regula aspectos críticos como el lugar de prestación de servicios transmitidos en continuo (streaming) o de forma virtual. La ausencia de esta norma en el ordenamiento español crea una asimetría regulatoria peligrosa frente a los otros 26 Estados miembros.

Asimismo, queda en el aire la regulación del régimen especial del IVA para bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y coleccionismo. Esta situación de inseguridad jurídica ha llevado a la Comisión Europea a actuar tras el envío de cartas de emplazamiento en enero de 2025 y dictámenes motivados en julio del mismo año, sin que España haya reaccionado satisfactoriamente.

Claves y preguntas frecuentes sobre la sanción de la UE a España

¿Por qué la Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia?

Debido a que España es el único Estado miembro que no ha transpuesto dos directivas sobre el IVA cuyo plazo expiró el 31 de diciembre de 2024, ignorando las advertencias previas enviadas por la Comisión Europea.

¿Cómo afecta esta situación a una pyme española que exporta?

Actualmente, las pymes españolas no pueden registrarse ante las autoridades nacionales para aplicar el régimen de exención de IVA en otros países de la UE, lo que las sitúa en una posición de desventaja competitiva.

¿Qué riesgos existen para el comercio de servicios virtuales?

La falta de transposición conlleva un riesgo elevado de doble imposición o de no imposición absoluta, dado que España no está aplicando las mismas normas de "lugar de prestación" que el resto de los socios comunitarios.