Este acuerdo persigue la creación de un amplio marco de cooperación política y comercial que permita configurar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de personas y un comercio bilateral superior a los 100.000 millones de dólares. Para ello, prevé la eliminación progresiva de aranceles en más del 90 % del comercio de bienes, un mayor acceso a mercados para productos industriales, agrícolas y determinados servicios, un marco de reglas claras para la inversión y el comercio, así como mecanismos de salvaguarda destinados a proteger a los sectores más sensibles frente a impactos negativos de las importaciones.

Aunque el acuerdo UE-MERCOSUR ya ha sido firmado, su entrada en vigor definitiva sigue condicionada a la aprobación del Parlamento Europeo y a la ratificación por todos los Estados Miembros de la UE y los países del MERCOSUR, proceso que introduce un elemento de incertidumbre temporal. Para evitar que esta complejidad bloquee el acuerdo a largo plazo, las partes han creado una estructura jurídica dual compuesta por dos instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación Birregional (EMPA) y un Acuerdo Comercial Interino (iTA).

Mientras el EMPA constituye el marco político y comercial completo, el iTA permite aplicar de forma anticipada las disposiciones estrictamente comerciales, al tratarse de un instrumento de competencia de la UE y no requerir ratificación nacional. Su aplicación provisional, prevista inicialmente a partir de marzo de 2026, buscaba originalmente adelantar los beneficios económicos del Acuerdo y evitar un periodo de inacción.

No obstante, esta hoja de ruta se ha visto alterada tras la decisión del Parlamento Europeo de someter el texto a una revisión del Tribunal de Justicia de la UE antes de dar su consentimiento. Para algunos, este paso refuerza la seguridad jurídica del acuerdo; para otros, supone un retraso injustificado que priva a empresas y sectores exportadores de ventajas competitivas inmediatas y contribuye a la creación de una imagen de indecisión política.

Del tratado al mercado - beneficios y expectativas

Desde una perspectiva europea, este acuerdo representa una gran oportunidad de expansión comercial hacia Iberoamérica, una región dotada de abundantes recursos naturales, una clase media en auge y una elevada demanda de productos europeos. Según datos oficiales publicados por la Comisión Europea, la UE ya es el segundo mayor socio comercial de MERCOSUR, con más de cincuenta y cinco mil millones de euros en exportaciones y una inversión acumulada de cerca de trescientos noventa mil millones de euros. Asimismo, este pacto contribuirá a disminuir la dependencia europea de China en materias primas esenciales para la transición ecológica, tales como el litio y el grafito, de los cuales Brasil y Argentina poseen las mayores reservas a nivel mundial.

De forma especial, y en referencia al mercado español, estudios oficiales estiman que la exportación española hacia MERCOSUR podría crecer hasta un 37%, con efectos positivos en producción industrial y creación de empleo en sectores estratégicos, entre los que se encuentran la automoción, maquinaria, bienes de equipo y productos agroalimentarios protegidos. También se prevé que determinados productos con denominaciones geográficas protegidas, como vinos, quesos y aceites españoles, mejoren su posicionamiento gracias a las protecciones especiales frente a imitaciones y barreras no arancelarias.

Para los países iberoamericanos, el acuerdo abre acceso preferencial a un mercado de alto valor económico, con altos estándares de consumo y demanda de productos industriales sofisticados. Esto puede traducirse en mayores exportaciones de productos primarios y semiindustrializados, y en la atracción de nuevas inversiones extranjeras en sectores como energía, infraestructuras y servicios.

Además, la posibilidad de integrar cadenas globales de valor – desde automóviles hasta productos farmacéuticos – puede incentivar una diversificación en la producción para determinadas economías tradicionalmente dependientes del sector agrícola y ganadero.

El acuerdo también establece cooperación en ámbitos como desarrollo sostenible, digitalización, movilidad y cambio climático, reforzando los vínculos políticos y técnicos entre ambas regiones. Entre otras disposiciones, el acuerdo promueve la adopción conjunta de políticas y prácticas que fomenten la protección ambiental, el uso responsable de los recursos naturales y la transición hacia economías bajas en carbono, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por ambas partes.

Además, el acuerdo facilita el intercambio de conocimientos y tecnologías verdes, impulsando la innovación y el desarrollo de infraestructuras que contribuyan a un crecimiento económico inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Comercio libre pero mesurado – medidas compensatorias incluidas en el tratado

Cabe destacar, no obstante, que este acuerdo —destinado a impulsar de forma significativa el comercio entre la Unión Europea y los países del MERCOSUR— no está exento de controles ni de salvaguardias, especialmente en lo que respecta al sector agrícola y ganadero, uno de los ámbitos más sensibles del pacto.

Desde el inicio de las negociaciones, el sector agrario europeo ha manifestado reiteradamente su preocupación ante la posibilidad de un incremento desproporcionado de importaciones procedentes del MERCOSUR, que podría poner en riesgo no solo la viabilidad económica de determinadas producciones europeas, sino también el mantenimiento de los estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria exigidos dentro de la UE. Ante estas inquietudes, la Unión Europea ha incorporado al acuerdo varios mecanismos específicos de protección destinados a salvaguardar los intereses del sector.

En primer lugar, la UE ha negociado cuotas permanentes para productos especialmente sensibles, como la carne de vacuno, la carne de ave y el azúcar, limitando así el volumen de importaciones que podrán beneficiarse de preferencias arancelarias.

En segundo lugar, más allá de las salvaguardias generales incluidas en el tratado, la UE ha logrado introducir un acto jurídico específico que refuerza la protección de los productos europeos sensibles frente a aumentos perjudiciales de las importaciones procedentes del MERCOSUR. Este acto, acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, permitirá activar de forma efectiva el capítulo bilateral de salvaguardias del EMPA.

Dicho instrumento establece un sistema de vigilancia reforzada del mercado, mediante el cual la Comisión Europea realizará un seguimiento continuo de las tendencias comerciales y remitirá informes semestrales al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones. A la luz de estos informes, la Comisión podrá actuar con rapidez y flexibilidad. En concreto, podrá iniciar una investigación ipso facto, a petición de un solo Estado miembro, cuando existan indicios suficientes de perturbación del mercado. Estas investigaciones podrán activarse cuando las importaciones aumenten al menos un 5 % y los precios de importación sean al menos un 5 % inferiores a los precios internos.

Asimismo, en situaciones de urgencia, la Comisión estará facultada para adoptar decisiones en un plazo de cinco días laborables desde la recepción de la solicitud, y para activar medidas provisionales de salvaguardia en un máximo de 21 días cuando exista un riesgo claro de daño. El objetivo es concluir las investigaciones completas en un plazo de cuatro meses, un período considerablemente más corto que los doce meses previstos con carácter general en el acuerdo y en los mecanismos tradicionales de salvaguardia.

Las medidas que podrán adoptarse incluyen, entre otras, la suspensión temporal del calendario de reducción arancelaria del producto afectado o la reducción de la preferencia arancelaria hasta el nivel de la cláusula de la nación más favorecida (MFN) o el tipo base aplicable, el que resulte más bajo.

Por último, como tercera línea de defensa, la Comisión Europea ha propuesto la creación de una nueva Red de Seguridad de la Unión para medidas de crisis, con una capacidad financiera total de 6.300 millones de euros, lo que supone duplicar la actual reserva agrícola. Este refuerzo presupuestario tiene como objetivo ofrecer un mayor apoyo a los agricultores europeos en contextos de perturbaciones del mercado y de creciente incertidumbre geopolítica, consolidando así una respuesta más sólida ante posibles impactos negativos derivados del acuerdo.

Por:

María Vara Pitarch / Mabel Baratech Díaz

Senior Consultant Global Trade Advisory Deloitte Bélgica

Claves y preguntas frecuentes sobre este análisis

¿Qué diferencia hay entre el acuerdo EMPA y el iTA?

El EMPA es el marco de asociación birregional completo que incluye aspectos políticos y comerciales, requiriendo la ratificación de todos los estados miembros. El iTA es un Acuerdo Comercial Interino que permite aplicar las ventajas comerciales de forma anticipada sin necesidad de ratificaciones nacionales, al ser competencia exclusiva de la UE.

¿Cómo se protegerá al sector agrícola español y europeo?

Se han establecido cuotas permanentes para productos sensibles (carne y azúcar), un sistema de vigilancia con informes semestrales y una Red de Seguridad financiera de 6.300 millones de euros para apoyar a los agricultores ante posibles perturbaciones del mercado.

¿Qué impacto se espera para las exportaciones de España?

Se estima que las exportaciones españolas hacia el MERCOSUR podrían crecer hasta un 37%, beneficiando especialmente a los sectores de automoción, maquinaria y productos agroalimentarios con denominación de origen protegida.