Castilla-La Mancha activa una estrategia de inteligencia comercial ante el impacto del acuerdo UE-Mercosur

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una campaña informativa para analizar con rigor las implicaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El objetivo es ofrecer datos veraces y proteger los intereses de los productores y consumidores regionales ante la inminente decisión del Parlamento Europeo.

Ante la complejidad del tratado de libre comercio que se negocia desde hace más de dos décadas, la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha confirmado que la prioridad del gabinete presidido por García-Page es "proteger los productos castellanomanchegos" y evitar el alarmismo infundado, aunque sin "minimizar los riesgos" que el acuerdo puede suponer para determinados subsectores económicos.

Análisis de impacto y vigilancia aduanera

La administración regional reconoce que el tratado abre ventanas de oportunidad para la internacionalización de ciertos sectores, pero exige actuar con previsión y vigilancia extrema en aquellos ámbitos más vulnerables a la competencia externa. En este sentido, la seguridad alimentaria se perfila como un eje crítico de la estrategia autonómica.

Según los datos facilitados por la Consejería, se implementarán mecanismos reforzados para garantizar el cumplimiento de la normativa europea.

Padilla ha insistido en la necesidad de garantizar la igualdad en la producción y comercialización, asegurando que las "medidas de salvaguardia" deben cumplirse estrictamente. "Es fundamental ser rigurosos en el cumplimiento de la normativa europea, tanto para nuestros productores como para los productos que vienen de fuera", ha matizado la portavoz.

Hoja de ruta institucional y posicionamiento político

La Consejería de Economía y la Consejería de Agricultura están preparando una agenda de reuniones con todos los sectores afectados. Esta iniciativa busca colaborar activamente una vez se conozca la decisión final del Parlamento Europeo. Según el análisis del gobierno regional, existe una "mayoría conservadora" en la Unión Europea que ha impulsado el pacto, por lo que es "posible que salga adelante".

No obstante, el Ejecutivo se mantiene atento a los "movimientos de última hora" y a la posibilidad de recursos legales que podrían retrasar la entrada en vigor operativa del acuerdo comercial.

Para abordar este escenario de apertura de mercados, el Gobierno regional propone:

• Información veraz: Combatir el alarmismo con datos técnicos sobre las consecuencias reales.
• Defensa sectorial: Identificar y apoyar a los sectores que no se verán beneficiados por la bajada de aranceles.
• Vigilancia sanitaria: Asegurar que las importaciones cumplen los mismos estándares que el producto local.

Posición sobre la financiación autonómica

En paralelo a la agenda de comercio exterior, Esther Padilla ha reiterado la postura de Castilla-La Mancha respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. La región aboga por un acuerdo multilateral que suprima privilegios y garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

La portavoz ha valorado positivamente el alineamiento con otras regiones, destacando que el PSOE de Asturias y el PSOE de Extremadura comparten la defensa de un modelo basado en el principio de igualdad.

Claves y preguntas frecuentes sobre el acuerdo UE-Mercosur en la región

¿Qué postura mantiene Castilla-La Mancha ante el acuerdo?
El Gobierno de García-Page mantiene una postura de responsabilidad y vigilancia. Reconoce las oportunidades comerciales, pero prioriza la protección de los productos locales y exige el cumplimiento estricto de las cláusulas de salvaguardia.

¿Cómo se garantizará la seguridad alimentaria frente a las importaciones?
El Ejecutivo asegura que la seguridad está garantizada mediante un incremento del 33% en la vigilancia en frontera de los productos importados, exigiendo el mismo rigor normativo que a los productores europeos.

¿Qué acciones inmediatas tomará el Gobierno regional?
Las consejerías de Economía y Agricultura iniciarán reuniones con los sectores afectados para analizar las consecuencias específicas y ofrecer información veraz, a la espera de la decisión final y posibles recursos en el ámbito europeo.