La Comisión Europea activa una estrategia de seguridad económica proactiva para blindar seis áreas prioritarias de alto riesgo

La Comisión Europea y la Alta Representante han desvelado una nueva Comunicación conjunta diseñada para fortalecer la estructura de seguridad económica de la Unión Europea. Esta hoja de ruta estratégica busca transformar la resiliencia del bloque comunitario ante amenazas externas mediante un enfoque proactivo, reduciendo dependencias críticas mientras se preserva el compromiso con el comercio internacional.

Un cambio de paradigma: de la reacción a la anticipación estratégica

El documento presentado se fundamenta en la Estrategia de Seguridad Económica de 2023, pero introduce un cambio sustancial en la metodología de aplicación. Según el ejecutivo comunitario, la UE transitará desde una postura tradicionalmente reactiva hacia un despliegue "más proactivo y sistemático" de sus herramientas económicas y geopolíticas.

Para lograr este blindaje, Bruselas optimizará el uso de su peso económico y el acceso al Mercado Único. Las medidas, aunque firmes, se diseñarán para ser "específicas y proporcionadas", enfocándose exclusivamente en situaciones de alto riesgo. Este nuevo enfoque implica que tanto los Estados miembros como las empresas deberán asumir ciertos costes económicos derivados de priorizar la seguridad y la resiliencia a largo plazo.

Las seis áreas prioritarias de alto riesgo

Tras un exhaustivo análisis de riesgos realizado en coordinación con los Estados miembros, la Comisión Europea ha definido seis ámbitos de actuación inmediata para mitigar vulnerabilidades:

• Reducción de las dependencias estratégicas en el suministro de bienes y servicios clave.
• Atracción de inversiones seguras hacia territorio comunitario.
• Apoyo directo a una industria europea de defensa y espacial dinámica, así como a otros sectores industriales críticos.
• Garantía del liderazgo tecnológico de la UE en todas las tecnologías críticas.
• Protección rigurosa de la información y los datos sensibles.
• Blindaje de las infraestructuras críticas de Europa.

Nuevos instrumentos y marco legislativo: ResourceEU y Ley CHIPS 2.0

Para cerrar las brechas existentes en la seguridad económica, la UE ha puesto en marcha un paquete de iniciativas legislativas y herramientas de financiación. La propuesta insignia presentada es ResourceEU, diseñada específicamente para combatir la excesiva dependencia de proveedores extranjeros en semiconductores y materias primas.

A continuación, se detallan las iniciativas en curso para completar el conjunto de instrumentos de seguridad económica:

Coordinación y Cooperación Internacional

La eficacia de estas medidas dependerá de una mejora en la "conciencia situacional". La Comisión reforzará sus capacidades analíticas y de inteligencia para fundamentar sus decisiones, promoviendo un entendimiento común de los riesgos con los Estados miembros y el sector privado. Se hará especial hincapié en la cooperación con las empresas, consideradas actores de primera línea en las cuestiones de seguridad económica.

En el plano exterior, la UE reconoce que no puede afrontar estos retos en solitario. La estrategia contempla intensificar la cooperación con "socios de confianza" y países afines para promover normas comunes y adoptar medidas conjuntas frente a desafíos globales.

Claves y preguntas frecuentes sobre la nueva Estrategia de Seguridad Económica

¿Implica esta estrategia un cierre del mercado europeo?

No. La Comunicación subraya explícitamente que se mantendrá la apertura y el compromiso con el comercio y la inversión internacionales. Las medidas restrictivas serán específicas, proporcionadas y limitadas a situaciones de alto riesgo.

¿Qué es ResourceEU y cuál es su función?

Es la primera propuesta emblemática presentada bajo el nuevo marco. Su función principal es abordar y reducir la excesiva dependencia de Europa respecto a proveedores extranjeros en sectores vitales como las materias primas fundamentales y los semiconductores.

¿Cómo afectará esto a las empresas europeas?

Las empresas se beneficiarán de una mayor seguridad jurídica y resiliencia en sus cadenas de suministro. No obstante, la Comisión advierte que el sector privado deberá aceptar asumir ciertos costes económicos necesarios para garantizar un entorno de mayor seguridad a largo plazo.