El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han denunciado la inseguridad jurídica provocada por el retraso de última hora en la entrada en vigor del reglamento VERIFACTU, al considerar que afecta la planificación e inversión de la mayoría de las empresas.

Impacto directo en la planificación empresarial

La reacción de los organismos colegiales surge tras el anuncio de la prórroga de la normativa técnica de facturación. Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del CGE, y Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE, han coincidido en señalar que esta decisión altera el ecosistema de negocios.

Según los expertos, la mayor parte del tejido productivo ya había realizado los deberes. "La mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos", han manifestado los presidentes. En consecuencia, un cambio normativo tan tardío no solo complica la organización interna, sino que "genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo".

Balance de consecuencias: costes y reprogramación

Aunque desde el órgano de los economistas se reconoce que la medida puede suponer un "respiro" para aquellas compañías que se encontraban rezagadas en la fase de adaptación, el balance global presentado es crítico respecto a la gestión de los tiempos. Para el grueso del sector empresarial, la modificación del calendario implica perjuicios operativos y económicos.

A continuación, se detallan las implicaciones operativas para las empresas según el análisis del CGE y el REAF:

Inversión Tecnológica, necesidad de revisar inversiones ya ejecutadas y asumir costes adicionales por ajustes de última hora.Organización Interna, obligación de reprogramar tareas y equipos que ya estaban asignados a la implementación de VERIFACTU.Vulnerabilidad, afectación especial a negocios con menor capacidad administrativa y poco margen para absorber imprevistos.

Los responsables del CGE y del REAF han subrayado que estos cambios "afectan especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa", evidenciando que la incertidumbre regulatoria penaliza la eficiencia corporativa.

Exigencia de estabilidad en los plazos

La postura institucional de los economistas es clara respecto a la necesidad de previsibilidad en las leyes que afectan a la operativa económica. En este contexto, han puesto de manifiesto que "es imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora".

El objetivo de esta reclamación -se afirma- es garantizar que las normas se mantengan estables en el tiempo, un factor clave para "permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres".

Claves y preguntas frecuentes sobre el retraso de VERIFACTU

¿Quién ha criticado el aplazamiento de la norma?

El Consejo General de Economistas (CGE) y su órgano especializado, el REAF, han alertado sobre los efectos negativos de esta decisión tomada a última hora.

¿A quién perjudica principalmente esta prórroga?

Aunque alivia a las empresas rezagadas, perjudica a la mayoría del tejido empresarial que ya había realizado las inversiones tecnológicas y planificado sus recursos, obligándoles a asumir sobrecostes.

¿Qué reclaman los economistas a la Administración?

Seguridad jurídica y estabilidad en los plazos. Solicitan que las fechas de entrada en vigor no se modifiquen "in extremis" para permitir una planificación empresarial segura.