El gobierno se comprometía a aplicar recortes presupuestarios, una congelación salarial al funcionariado, a la venta de activos públicos y a aumentar los impuestos personales y a la propiedad.

Este plan de austeridad ha provocado enormes protestas en todo el territorio costarricense, que no se han desconvocado pese al anuncio de la retirada del mismo. Los manifestantes han reclamado abrir una mesa de diálogo con el gobierno y que éste se comprometa a no acudir nunca más al FMI para cubrir sus necesidades de financiación. Como se recordará, el FMI ya aprobó en abril una asistencia financiera para el país por valor de 504 mill.$ para mitigar el golpe económico de la Covid-19.

La situación fiscal de Costa Rica es muy preocupante; la insuficiente recaudación fiscal está detrás de los crónicos déficits públicos y de una elevada deuda pública cuyo peso con respecto al PIB se ha duplicado en la última década. Al igual que en el resto de la región, la situación se agravará a causa de la crisis sanitaria que en este caso penalizará fuertemente la actividad turística.

Se prevé que el déficit y la deuda pública con respecto al PIB puedan ascender hasta el 9% y el 70%, respectivamente. El presidente Alvarado ha llamado al diálogo nacional y ha condenado la violencia que se experimentó en alguna de las protestas. Los mercados internacionales han reaccionado negativamente al anuncio, con una caída de un 2% en los eurobonos costarricenses.

Fuente: CESCE