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Según recoge el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas publicado este miércoles en el BOE, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos fijó para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 unas cantidades máximas anuales a pagar a cada asistente (8.610 euros para 2005 y 8.954 euros para 2006 y 2007). La percepción de estas cantidades estaba vinculada a que se celebrasen un mínimo de once sesiones del Consejo, cuando en realidad se celebraron seis en cada año.
“Este Tribunal interpreta, en consecuencia, que la cantidad a percibir por cada asistencia al Consejo, hubiera sido el resultado de dividir por once la cantidad máxima a percibir para cada año natural, a pesar de lo manifestado por el ICEX, que, en todo caso, tuvo el apoyo del Servicio Jurídico del Estado”, recoge el informe del ente fiscalizador. En este periodo, por tanto, la diferencia entre las dietas percibidas por los consejeros y las que habrían de percibir ascendió a 227.061,50 euros.
Para los ejercicios 2008 a 2011, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos aprobó unas cuantías máximas anuales de 9.313,13 euros por cada consejero, “pero sin mencionar expresamente el número de sesiones a los que se vinculaba la percepción de los mencionados máximos anuales”, explica el informe. El número de reuniones del Consejo de Administración fue de cinco al año en 2008, 2009 y 2010, y seis para el ejercicio 2011. Siguiendo la misma interpretación anterior, el Tribunal de Cuentas subraya que la diferencia entre las cantidades realmente percibidas por los vocales y las que deberían haber cobrado ascendió a 484.617,46 euros.
A la vista de este informe, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a definir y limitar el número de sesiones del Consejo de Administración que da derecho al cobro de dietas, y al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar una normativa que regule el número de asistencias a Consejos de Administración del Instituto de Comercio Exterior que den derecho al devengo de dietas
Irregularidades en la contratación en el exterior
No es ésta la única de las irregularidades que recoge el informe del ente fiscalizador en la gestión del ICEX en los años 2005 y 2009. Con respecto a la gestión de personal, el Tribunal de Cuentas reseña anomalías en los ejercicios fiscalizados, tanto en la contratación de personal en los servicios centrales y direcciones territoriales como en las Ofecomes (Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior): expedientes sin solicitud de contratación; la contratación de otra persona diferente a la seleccionada para un puesto eventual (la primera en la lista de reserva) sin que hubiese “constancia escrita de que la persona seleccionada por el tribunal renunciase al puesto”; modificación de las bases de una convocatoria que la normativa no permitía; o valoraciones incorrectas de idiomas.
Por todo ello, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno y al ICEX a reformar los procedimientos de contratación de personal en el exterior “y no limitarse a la aceptación de la propuesta de las oficinas comerciales con vistas a que sean selecciones más transparentes y conformes a los principios de capacidad, mérito y publicidad”. Asimismo, les reclama que mejoren los mecanismos de control interno y los procedimientos de concesión y justificación de ayudas.
Mejoras en el informe de fiscalización del ejercicio 2015
El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el ICEX, que corresponde al ejercicio 2015 y fue publicado en mayo pasado, realiza un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de su anterior informe, el correspondiente a los ejercicios 2005 a 2009. El ente fiscalizador reconoce que en el periodo 2010-2014 “la mejora de la gestión del ICEX ha sido muy importante y que se han subsanado la mayor parte de las deficiencias detectadas “.
De hecho, su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, afirmaba en su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el pasado 26 de septiembre, que “se considera que se ha cumplido la normativa en materia de contratación de personal y la relativa a la transparencia y acceso a la información pública. No obstante, en los procesos de selección de becarios la empresa contratada tenía una participación que se estima excesiva. Las cuentas anuales del ejercicio de 2015 reflejaban adecuadamente la situación financiera y los resultados y flujos de tesorería de la entidad. Además, el control sobre las oficinas económicas y comerciales es adecuado, subsanándose las deficiencias de auditorías anteriores”.
Con respecto a la gestión de personal, el Tribunal de Cuentas reseña anomalías en los ejercicios fiscalizados, tanto en la contratación de personal en los servicios centrales y direcciones territoriales como en las Ofecomes (Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior)
Pese a ello, uno de los reparos que el Tribunal de Cuentas continúa haciendo al ICEX es su gestión de personal. Así, de 41 contrataciones realizadas en el periodo 2010-2012, en 16 de ellas no constaba la preceptiva solicitud de contratación. Con todo, a partir de 2013 (que es cuando se publica el anterior informe del Tribunal de Cuentas), todas las contrataciones de personal temporal llevaban ya adjunta su solicitud de contratación con la descripción del puesto de trabajo, la justificación de la necesidad de su cobertura y la firma autorizada.
Nuevas recomendaciones
En este informe de 2015, el Tribunal de Cuentas sigue poniendo “deberes” a la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones. Le pide que modifique su página de web para presentar “de forma clara, estructurada y sistemática”, la información requerida por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
También reclama más supervisión en los procesos de selección de candidatos para la obtención de las Becas de internacionalización empresarial; el aumento de plazas de discapacitados en próximas convocatorias de empleo; y que valore la realización “dentro de las posibilidades presupuestarias”, de campañas institucionales de publicidad.
Otra recomendación es que el ICEX avance en la integración de las direcciones territoriales y provinciales en el Programa de Ventana Global (el canal que aglutina los servicios para impulsar la internacionalización de la empresa española) y que la Unidad de Control Financiero y Riesgos del ICEX “ en aras a una mayor eficacia e independencia” pase a depender orgánicamente de la Dirección del ICEX y amplíe a otras áreas su actuación.
Finalmente, tanto al ICEX como a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Tribunal de Cuentas les pide un esfuerzo de coordinación y que mantengan informadas a las direcciones territoriales y provinciales de sus visitas.
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