La medida provocó la preocupación de los propietarios y empleados de las compañías mineras y de las industrias asociadas. Aunque se considera que la minería es un componente relativamente pequeño de la economía filipina (solo representa el 0,6% del PIB), se calcula que cerca de 1,2 millones de personas podrían perder su trabajo. No está claro lo que va ocurrir finalmente con esta medida, ya que, independientemente de que sea adecuada o no, el presidente cambia con frecuencia de opinión.

Fuente: CESCE