Contribuye de esta forma a aumentar el crecimiento y la competitividad de la maltrecha economía europea. No obstante, estamos aún lejos del objetivo marcado para 2.020 de alcanzar una inversión media del 3% en I+D+i, ya que la UE sólo dedica en la actualidad un 2% del PIB a I+D+i.

Las nuevas reglas posibilitan a los Gobiernos de la UE invertir más y de forma más eficaz en I+D+i, no sólo utilizando las ayudas públicas para movilizar la inversión privada, desbloqueando así el potencial de la UE en esta área estratégica, sino que conceden más autonomía a los Estados miembro para conceder ayudas. La repercusión inmediata es que algunas nuevas categorías no tendrán la obligación de notificar previamente la ayuda a Bruselas, si no se superan determinadas cuantías. Es el caso de las infraestructuras de I+D o los grupos de innovación. Se amplían así los casos en los que las ayudas al I+D+i estarán exentos de valoración previa por parte de la Comisión Europea para rubricar si cumplen o no la legislación comunitaria en materia de competencia. Ahora bien, en otros casos, los porcentajes de notificación se incrementan.

Las nuevas medidas favorecerán sin duda alguna la construcción de infraestructura de investigación, ya que elevan la proporción del coste de un proyecto que puede ser financiado con dinero público. Así, el umbral se duplica en el caso de la investigación fundamental (de 20 millones pasa a 40 millones), de la investigación industrial (de 10 millones a 20 millones) y del desarrollo experimental (de 7,5 millones a 15 millones). El porcentaje máximo de ayuda permitida será de hasta el 70% de los costes para grandes empresas y hasta el 90% para pymes que desarrollen investigación aplicada. Quedan también exentas de control previo, las ayudas para innovación a las pymes, hasta los 5 millones por proyecto. Como novedad, se incluyen el coste de prototipos, proyectos piloto y demostraciones, hasta ahora no contemplados. Por último, se simplifican los procedimientos y mejora la seguridad jurídica.

A pesar de la modernización de la normativa comunitaria para la concesión de ayudas públicas a actividades de I+D+i, se seguirá vigilando su correcta aplicación. El Ejecutivo comunitario asignará nuevos requisitos de transparencia sobre las ayudas públicas, obligando a que los países publiquen la identidad del beneficiario, la cantidad concedida, el objetivo de la subvención y sus bases legales para respaldos mayores de 500.000 euros.

El nuevo marco de financiación con dinero público del I+D+i, sin el hasta ahora completo examen de la Comisión Europea, aumenta exponencialmente las oportunidades para las empresas españolas estratégicamente innovadoras. Las que todavía no lo son de forma permanente, pueden animarse a ello, ya que la Secretaría de Estado de I+D+i acaba de anunciar la dotación de 267 millones de euros para 1.459 proyectos de investigación, que se asignarán hasta un máximo de 176,8 millones de euros para subvenciones, y hasta 90 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (Feder).

Aitor Veiga, Director de Consultoría Innovación en Alma Consulting Group