La obtención de esta financiación garantiza que la Caja va a cumplir todas sus obligaciones frente a sus depositantes y sus acreedores.
El Consejo de Ministros aprobó la concesión de un aval del Tesoro para que el Banco de España facilite financiación a la Caja de Ahorros de Castilla- La Mancha.
La caja de ahorros de Castilla-La Mancha es una entidad solvente, es decir, su patrimonio neto es positivo; sin embargo, la entidad afronta problemas de liquidez que sólo pueden ser resueltos, a través de la financiación del Banco de España.
La obtención de esta financiación garantiza que la Caja va a cumplir todas sus obligaciones frente a sus depositantes y sus acreedores.
La normativa comunitaria obliga a que esta financiación esté avalada por el Estado y, por esa razón, es necesaria la aprobación de un Decreto Ley por el Consejo de Ministros.
Para garantizar la financiación que el Banco de España pueda conceder a Caja Castilla-La Mancha, en este Decreto Ley se autoriza el aval de la Administración General del Estado por el importe que el Banco considere necesario, sin que en ningún caso pueda superar los 9.000 millones de euros.
Esta decisión del Gobierno se produce a raíz de la petición realizada por el Banco de España, tras la reunión de su Comisión Ejecutiva, en la que se acordó la sustitución de los administradores de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.
Ambas decisiones – la sustitución de los administradores y el otorgamiento de la financiación necesaria a través del Banco de España- garantizan que la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha va seguir operando con absoluta normalidad. Sus depositantes y acreedores deben tener la total tranquilidad de que la Caja va a responder a todas sus obligaciones.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el sistema financiero español es sólido y éste caso representa un hecho aislado y poco significativo: la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha representa algo menos del 1% de los activos del sistema financiero español.
El Ministerio sostiene que el Gobierno está firmemente comprometido en la garantía de la solvencia de las entidades de crédito.