Entre ellas, destaca el fomento de las empresas de servicios energéticos y la creación de la figura del gestor de recarga energética
El Gobierno de España ha desarrollado un paquete de medidas de choque para favorecer el impulso de la recuperación económica y la creación de empleo, que ya han sido aprobadas en Consejo de Ministros por el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo. Las medidas contempladas, que forman parte del programa de trabajo de la Estrategia para una Economía Sostenible, se estructuran en torno a seis ejes temáticos como son el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las PYMES, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.
Referente a la rehabilitación de vivienda, el paquete de medidas está dirigido a recuperar la actividad en el sector de la construcción mediante el impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, de manera que se contribuya también a la eficiencia y ahorro energético y se recupere la generación de empleo en este sector. Con este fin, se ha previsto nueva deducción temporal en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012. Estas obras siempre tendrán que tener por objeto la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad.
Sobre las pymes, las medidas comprenden la instrucción del ICO para que se puedan agilizar los procedimientos de licitación para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a pymes y autónomos, de manera que esté operativo antes del próximo 15 de junio. También se flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas y se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades con el fin de exonerar de las obligaciones de documentación en relación a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando las operaciones no superen en su totalidad los 100.000 euros por ejercicio. Una exoneración que no podrá realizarse para las operaciones con paraísos fiscales. En materia de protección a los ciudadanos, las iniciativas están dirigidas a la protección de los segmentos sociales que son más vulnerables y expuestos a la crisis. Para ello, se ha elevado el umbral de la inembargabilidad que se establecía en la ley de Enjuiciamiento Civil en las situaciones en las que la cantidad obtenida por la venta de la vivienda habitual hipotecada no sea suficiente para cubrir el crédito garantizado. El umbral se ha elevado en el 10 % sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional y aumentándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.
Finalmente, se encuentran las medidas previstas para el sector energético y financiero. En el ámbito financiero, los cambios introducidos están dirigidos a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica, así como a la reducción de los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin de acelerar las reestructuraciones en el sector financiero. En el sector energético, las medidas impulsarán las empresas de este campo, además de establecer iniciativas sobre la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y para la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética. Fuente: Ministerio de Economía