Han señalado que permanecerán vigilantes a las posteriores decisiones que adopte el Ministerio de Fomento en la próxima revisión del PEIT.
Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y su Consejo Regional tachan de injusta, desequilibrada desde el punto de vista territorial y perjudicial para los intereses de la región la anulación del 9% de los contratos de obra nueva para la Comunidad, ya que supone «la supresión de más de 350 millones de euros de inversión y la destrucción de miles de puestos de trabajo en la región, cifras que se sumarán a la situación dramática del desempleo en el país».
Las Cámaras están convencidas de que tanto la variante de Aranda de Duero (A-11), como los tramos desde Pedrosa de Valdelucio hasta Aguilar de Campo (A-73) y la Circunvalación de Burgos constituyen ejes prioritarios para la región, puesto que son proyectos de primera magnitud por su carácter vertebrador y su potencial para contribuir a un modelo viario mallado e intermodal en la Comunidad.
Las Cámaras afirman que para poner en marcha una infraestructura no sólo es necesario analizarlo desde el punto de vista coste-beneficio a corto plazo, sino también desde el análisis de la rentabilidad y la cohesión social que proporcionará a largo plazo. La inversión en infraestructuras es necesaria y recomendable por su impacto en el PIB a través de los efectos directos, indirectos e inducidos.
Asimismo, han manifestado que estarán atentas a las licitaciones de los tres tramos de la LAV Palencia-Santander en el marco del Plan Extraordinario de Inversión (PEI) de colaboración público privada para que no se dilaten en el tiempo. Igualmente, han señalado que permanecerán vigilantes a las posteriores decisiones que adopte el Ministerio de Fomento en la próxima revisión del PEIT.
Las Cámaras entienden que la Comunidad Autónoma no puede ser una de las grandes damnificadas en los recortes de inversiones si bien pueden llegar a entender un esfuerzo que conlleve la solidaridad entre todas las regiones.
Finalmente, las Cámaras apuestan por las infraestructuras como firmes cimientos sobre los que se estructura el territorio regional, constituyendo un factor clave en el desarrollo de la Comunidad Autónoma, de las empresas, instituciones y entidades que se ubican y realizan su actividad en ella.