«Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por las empresas extranjeras», con esta frase comenzó, el 1 de mayo, una auténtica revolución a escala internacional entre políticos, diplomáticos y directivos empresariales de la que aún no se ha escrito la última palabra. El presidente de Bolivia firmó el pasado lunes el decreto supremo por el cual el Estado toma «el control absoluto» de todos los hidrocarburos. Poco después de este anuncio el Ejército del país comenzó a ocupar los campos de hidrocarburos y refinerías del país andino, lo que fue duramente criticado desde los gobiernos e instituciones europeas.
Este decreto obliga a las empresas extranjeras, entre ellas a la española Repsol y a la Brasileña Petrobrás, a que entreguen toda su producción de petróleo y gas a la sociedad pública Yacimientos Petrolíferos del Estado (YPFB) y a que regularicen sus actuales contratos en un plazo no superior a 180 días. Además, el Estado se hará con la mayoría accionarial en el capital de varias empresas extranjeras mediante la confiscación de un paquete mayoritario de sus títulos.
A pesar de las alarmas despertadas a nivel internacional y de la amenaza por parte de algunos gobiernos a «tomar represalias», Evo Morales descartó retirar el decreto y sólo se mostró dispuesto a «negociar con las empresas afectadas el desarrollo de esa normativa y su plasmación en nuevos contratos».
La Comisión Europea aseguró que «el decreto no afectará al aprovisionamiento energético en la UE», sin embargo mostró su preocupación tanto por los eventuales efectos negativos sobre el mercado en el actual contexto de tensión de precios, como por el impacto sobre las empresas extranjeras inversoras en el país».
Reacciones en Latinoamérica
Algunos de los dirigentes latinoamericanos más influyentes han apoyado en mayor o menor medida la reforma anunciada por Evo Morales. Así los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresaron su conformidad con la nacionalización de los hidrocarburos emprendida por Bolivia. Los mandatarios participaron la semana pasada en una cumbre cuatrilateral en la localidad argentina Puerto Iguazu en la que también estuvo presente Morales.
El más cauto en sus comentarios fue el presidente brasileño quien afirmó que su nación respeta el «derecho soberano que tiene Bolivia en sus riquezas minerales», sin embargo en otro contexto el presidente del Ejecutivo había señalado que esta medida resulta «poco amistosa».
Su colega venezolano Hugo Chávez defendió la decisión «soberana» de Bolivia en estatizar su industria energética y aseguró que el conflicto no afectará las relaciones de los países suramericanos.
Solución diplomática
En España, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó no obstante por una solución diplomática al conflicto y descartó que represalias contra Bolivia y se ofreció a actuar como intermediario entre el Gobierno del país andino y Repsol YPF.
No obstante, ante la gravedad de la situación, al cierre de este periódico, una misión del Gobierno español formada especialmente para la ocasión se reunió el viernes en La Paz con el presidente de Bolivia y posteriormente precisando partirán hacia Brasilia, donde verá a un asesor económico del presidente Luis Ignacio 'Lula' da Silva.
El objetivo de la visita es «clarificar y avanzar en el diálogo entre las autoridades bolivianas y las españolas con el fin de retomar una buena cooperación en todos los campos», según explicó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en declaraciones en Tallin.
Por su parte, Repsol YPF envió una carta al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, con copia al ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, en la que le pide aclare y concrete los términos necesarios para interpretar adecuadamente el decreto de nacionalización. Adicionalmente, la compañía le manifiesta su voluntad de colaborar con el Gobierno sin que ello suponga que renuncia a la defensa de sus derechos.
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