La iniciativa, que requiere la aprobación de los Veintisiete, va dirigida a mejorar la cooperación transfronteriza en materia fiscal para reducir el fraude.
La Comisión Europea ha dado un primer paso para suprimir el secreto bancario en la UE, al proponer que los estados miembros estén obligados a facilitar información a otros países socios sobre los contribuyentes extranjeros residentes en su territorio.
Según una propuesta legislativa dirigida a mejorar la cooperación transfronteriza en materia fiscal para reducir el fraude en los Estados miembros, los países no podrán rechazar una petición de información sobre un residente que sea contribuyente de otro Estado miembro «sólo porque la información esté en poder de un banco o de otra institución financiera».
El comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, dejó claro que esta medida, que requiere para su aprobación la unanimidad de los 27, sólo afectará al control de la situación fiscal de los contribuyentes de un país de la UE que tengan fijada su residencia en otro Estado miembro.
Se trata, según el comisario, de «un primer paso» contra el secreto bancario, que dentro de la UE aplican Austria, Bélgica y Luxemburgo, aunque reconoció que su alcance es limitado.
La Comisión quiere que la cooperación entre las autoridades fiscales de los 27 sea más efectiva y, para ello, propone fijar reglas comunes sobre los procedimientos, formatos y canales para intercambiar información.
También plantea que los funcionarios de un país miembro puedan trasladarse a otro y participar, con las mismas competencias, en investigaciones administrativas.
Los países tendrán, además, que ofrecer el mismo grado de cooperación a sus socios de la UE que a países terceros.
La Comisión presentó una segunda propuesta para mejorar la asistencia mutua en materia de recuperación de deudas fiscales, cuyo objetivo es mejorar la tasa de recuperación que en la actualidad se sitúa en el 5% de los importes para los que se pide ayuda.
Entre otras cosas, el ejecutivo comunitario quiere extender la colaboración a todos los tributos, incluidas las cotizaciones sociales, y hacer obligatorio el intercambio de información sobre las devoluciones fiscales a no residentes.
Pretende, asimismo, simplificar los procedimientos para solicitar u ofrecer ayuda en la recuperación de cargas tributarias.
La Comisión hace hincapié en que la normativa vigente en la UE sobre estas cuestiones data de la década de los 70, una época en la que la movilidad de personas y capital era incomparable con la actual.
Bruselas es consciente de que los defraudadores se aprovechan de las limitaciones territoriales de las autoridades fiscales para ocultar los ingresos obtenidos en otros países o declararse insolventes en aquellos en los que tienen deudas tributarias.
Los economistas consideran en general que el fraude fiscal representa entre el 2 y el 2,5% del PIB, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros.