El primer ministro belga, Yves Leterme, ha amenazado con retirar la participación del Estado en el grupo bancario Fortis ante las demandas de varios accionistas, que han cuestionado la legalidad de la operación de rescate.
El primer ministro belga, Yves Leterme, ha amenazado con retirar la participación del Estado en el grupo bancario Fortis ante las demandas de varios accionistas, que han cuestionado la legalidad de la operación de rescate aprobada por el Ejecutivo.
«Fortis estaba a dos milímetros de la bancarrota. Si los accionistas quieren volver a esa situación, deberán resolver los problemas ellos mismos», ha advertido Leterme en una entrevista a «Het Laatste Nieuws» difundida por la agencia Belga.
El primer ministro ha reaccionado así a la denuncia de un bufete de abogados que representa a unos 1.300 pequeños accionistas de Fortis en Bélgica, que consideran que la nacionalización parcial del banco y su venta a la entidad francesa BNP Paribas no fue regular, pues no se convocó a la asamblea general para decidir sobre la operación.
Por el momento, la fiscalía del Tribunal de Comercio de Bruselas ha dado la razón a los denunciantes y ha solicitado el nombramiento de un administrador de la entidad hasta la celebración de las asambleas extraordinarias previstas los días 1 y 2 de diciembre.
Leterme ha asegurado que si finalmente el Tribunal declara la venta ilegal «el Estado retirará su aporte financiero y eso será una buena noticia para el presupuesto».
«Si no hubiésemos hecho nada, la acción de Fortis no valdría hoy ni un céntimo», ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que los «accionistas que protestan ahora han olvidado rápido que ellos también tienen cierta responsabilidad en los acontecimientos, pues estaban en la asamblea general que aprobó por un 98% de votos la compra del banco holandés ABN» el pasado año.
Unos meses después de hacerse con la entidad holandesa junto al Santander y al Royal Bank of Scotland, Fortis, golpeado por las turbulencias financieras, tuvo que ser rescatado con una intervención pública.
Para evitar su desplome, fue objeto primero de una acción coordinada de los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero posteriormente Holanda decidió nacionalizar todo el negocio en su país, algo que también hicieron parcialmente Bélgica y Luxemburgo.
Estos dos países acordaron después con BNP vender a la entidad francesa la mayor parte de los activos de banca.
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