Gestores Administrativos exigen adaptar VERI*FACTU y la factura electrónica a la realidad de las pymes

Digitalización Fiscal

El Consejo General de Gestores Administrativos ha solicitado al Gobierno una revisión de la implantación de VERI*FACTU y la factura electrónica. La organización reclama una regulación proporcional basada en el riesgo fiscal para evitar que las nuevas obligaciones tecnológicas asfixien a autónomos y micropymes.


El ‘café para todos’ en un tejido empresarial de micropymes

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado formalmente al Gobierno una revisión urgente de la implantación del sistema VERI*FACTU y de la futura factura electrónica obligatoria. Desde Madrid, el colectivo profesional reclama adaptar estas normativas al tamaño real de autónomos y micropymes, introduciendo criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal para evitar que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su operativa diaria.

Los Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas, donde la estructura es extremadamente reducida. En la mayoría de los casos, es el propio empresario quien asume simultáneamente múltiples roles, desde la dirección hasta el cumplimiento normativo. Cada nueva exigencia regulatoria, advierten, resta un tiempo valioso que se deja de dedicar a actividades productivas como vender, atender clientes o generar empleo.

«La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas», señala Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General. El colectivo aclara que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal, sino que defiende una regulación inteligente que sustituya el modelo rígido del «café para todos» por uno que diferencie perfiles de riesgo.

Calendario de Implantación Obligatoria de VERI*FACTU
Colectivo Obligado Fecha Límite
Empresas que declaran el Impuesto sobre Sociedades 1 de enero de 2027
Autónomos y resto de obligados 1 de julio de 2027

Obligaciones permanentes por operaciones excepcionales: dos casos prácticos

Para demostrar esta falta de proporcionalidad, el Consejo General se remite al propio Informador de la Agencia Tributaria. El itinerario que la Administración ofrece a los contribuyentes revela cómo un pequeño negocio puede verse obligado a asumir pesadas cargas tecnológicas permanentes por un hecho totalmente excepcional. Por ejemplo, un pequeño bar que habitualmente solo emite tickets simplificados puede verse forzado a adaptar todo su sistema informático de facturación solo porque una empresa celebra una comida de trabajo y solicita una factura completa. Del mismo modo, una peluquería se vería en la misma situación si una productora requiere una factura para justificar un cambio de imagen de sus empleados.

Según los Gestores Administrativos, estas operaciones extraordinarias no modifican el riesgo fiscal del negocio, pero sí activan obligaciones tecnológicas permanentes. «Las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones», recalca Fernando Jesús Santiago. A esta dificultad se suma la coincidencia temporal de dos reformas de gran calado, VERI*FACTU y la factura electrónica, cuyo efecto acumulado sobre las pymes no ha sido evaluado conjuntamente por el Gobierno.

Propuestas para una regulación inteligente y proporcional

Ante esta situación, el Consejo General ha presentado un informe técnico y ha propuesto tres acciones principales. En primer lugar, solicitan introducir criterios objetivos en la norma que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento y su nivel de riesgo fiscal real. En segundo lugar, proponen aplicar exenciones selectivas, utilizando la facultad legal que tienen los Ministros de Hacienda y de Economía para exonerar a ciertos contribuyentes y no perturbar sectores específicos. Finalmente, exigen la realización de un estudio de impacto conjunto sobre el efecto acumulado de ambas reformas antes de su implantación definitiva.

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