El índice riesgo país se disparó
Por Alejandro Méndez.-El pánico y el desconcierto se desataron en el mercado de Argentina ante la perspectiva de que el Estado se quedará con una fuerte participación en empresas líderes con la nacionalización de fondos de jubilación privada prevista en la reforma del sistema de previsión social.
A media jornada, la Bolsa de Buenos Aires llegó a caer más de un 17% y se disparó el índice riesgo país.
En la cartera de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) hay inversiones por unos 3.280 millones de dólares en participaciones accionariales que van del 6 al 25,3% de 14 empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacaron agentes bursátiles exasperados por el derrumbe.
Los operadores admitieron que no saben qué aconsejar a sus clientes cuando «todo se cae a pedazos», como exclamó uno de ellos.
Los expertos aseguran que lo único previsible es una andanada de juicios contra el Estado y eventualmente contra los fondos de jubilación en caso de que éstos no presenten demandas por el drástico cambio impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández.
El traspaso de la jubilación privada a la estatal propuesto al Parlamento el martes por Fernández no afecta a los activos de las diez AFJP del país, entre ellas varias de capital extranjero, sino a su negocio por el cobro de comisiones de gestión.
Todos coinciden en que la pésima reacción del mercado se ve potenciada por la escasez de detalles de la propuesta gubernamental, que aplauden los sindicatos, rechazan las principales fuerzas políticas de la oposición y divide las opiniones de los expertos.
Las inversiones de las administradoras pertenecen en «cuotas parte» a los 9,5 millones de personas afiliadas al sistema privado implantado por ley en 1994.
Quienes «huyen» de las acciones en manos de las AFJP, entre ellas las de bancos y empresas de capital español, italiano y brasileño, no son las administradoras, a las que un juez prohibió el martes operar en el mercado durante siete días a raíz de la denuncia de un fiscal por presuntas maniobras especulativas.
Nadie sabe qué pasará el miércoles de la semana próxima, cuando vence la veda judicial, dijeron operadores y expertos.
Las inversiones de las AFJP en títulos de empresas equivalen al 14% del total, mientras que otro 55% están en bonos soberanos argentinos que han caído hasta el 40% en promedio de su valor nominal, subrayaron los agentes bursátiles.
Las acciones más golpeadas por esta crisis han sido las de Gas Natural Ban, controlada por Gas Natural de España, el argentino Banco Macro y Telecom Argentina, una sociedad de Telecom Italia con el Grupo Werthein local, entre otras de la cartera de inversiones de los fondos de jubilación privada.
«No hay nada que aconsejar a los inversores hasta que se aclare el panorama, este es un mal momento tanto para el mercado nacional como el internacional. La reforma del sistema de jubilación puede ser una gran oportunidad, pero también un desastre», apuntó Julio Bruni, de la sociedad bursátil Arpenta.
Bruni sostuvo que si el Estado administra las acciones que ahora poseen las AFJP «habrá poco interés del inversor extranjero» en esos títulos, que por su actual derrumbe «podrían ser una muy buena oportunidad» si fueran vendidos al mercado.
«Pero esto son sólo conjeturas: en el corto plazo habrá pérdidas generalizadas por la corriente vendedora» de esos títulos, insistió.
Según medios locales, la reforma prevé que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tendrá autonomía económica y financiera y habrá cuanto menos una comisión de 12 legisladores para controlar los fondos de los jubilados.
La ANSES «ya se ha convertido sin mayor control» en una de las mayores fuentes de financiación del Gobierno, subrayó el experto Aldo Abram, director de la consultora Exante, uno de los que rechaza «la confiscación del dinero» de los afiliados a la jubilación privada.
Abram coincidió con otros expertos y dirigentes opositores que sostienen que el Gobierno de Fernández apunta a hacerse con fondos frescos para afrontar pagos de la deuda soberana por 20.000 millones de dólares que vencen el año próximo, entre ellos de títulos que poseen las AFJP.
Los estudios de abogados coinciden en que una vez promulgada la reforma, en enero próximo según previsiones de fuentes oficiales, habrá 15 días de plazo para presentar demandas contra el Estado por «la confiscación» de las inversiones de los afiliados a la jubilación privada.
«Las AFPJ también serán demandadas en caso de que no hagan sus propias demandas al Estado ya que eso las convertiría en responsables solidarios de los daños y perjuicios», comentó Abram.