La planificación, promoción y gestión de suelo industrial se ha convertido en una de las grandes prioridades en las políticas industriales y económicas de las distintas administraciones públicas estatales, regionales -autonómicas en el caso español- y municipales. Como razón convincente subyace el hecho de que la oferta de suelo industrial ejerce de imán de inversiones nacionales y abre las puertas al desembarco de empresas extranjeras en el territorio, generalmente multinacionales. El negocio es redondo, ya que al ingreso derivado de la venta de suelo le suceden la generación de riqueza en forma de tributos y el consecuente impulso al empleo en las zonas de asentamiento industrial. Se ejecuta así, de paso, una magnífica acción en lo que a cohesión del territorio se refiere, aspecto que se hace más notorio en zonas rurales, cuyo futuro más próximo pasa por la terciarización de sus economías.
Por su parte, las zonas urbanas están optando ya por la creación de parques tecnológicos, orientados hacia una economía de mayor valor añadido, lo que contribuye a paliar los efectos de un fenómeno que afecta en su mayor parte a los sectores empleadores de mano de obra intensiva: la deslocalización. Mientras, en enclaves geográficos estratégicos están proliferando los polígonos de carácter logístico, como es el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) que, ubicada en el noreste peninsular y enriquecida con la proximidad del aeropuerto de la ciudad y la estación del AVE, aspira a convertirse en centro de distribución internacional.
No es de extrañar, entonces, que desde las administraciones se trate de dar impulso a este tipo de desarrollos industriales y que, por consiguiente, hayan proliferado las agencias regionales dependientes de los gobiernos autonómicos para ejecutar la planificación, gestión y promoción de suelo industrial. La cosa no acaba aquí, sino que, a la labor que están desempeñando tanto la entidad estatal Sepes como las mencionadas agencias -en algunos casos son las propias consejerías quienes desarrollan las competencias- se une el papel activo adoptado por los ayuntamientos. Se trata, en definitiva, de no dejar pasar las oportunidades que ofrece la fijación de suelo industrial de una forma planificada y racional, lo que, bien aprovechado, puede contribuir a la corrección de desequilibrios económicos y demográficos entre los pueblos, ciudades y regiones de España.
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