La Fundación Cotec, una institución de origen empresarial que tiene como misión contribuir al desarrollo del país mediante el fomento de la innovación tecnológica, define el sistema nacional de I+D como «demasiado pequeño como para asumir el papel que en toda economía desarrollada le corresponde». Si bien reconoce que éste «funciona con razonable eficiencia porque sus resultados son comparables con los de su entorno».
El informe «El sistema español de innovación. Situación en 2004. Libro Blanco», que fue presentado el pasado mes de mayo, advierte de que nuestro país necesita «una verdadera 'explosión' del sistema de innovación porque, aunque en estos últimos años ha crecido en cantidad y calidad, la distancia que nos separa de nuestros socios europeos y, más aún, de los Estados Unidos, sigue siendo tan grande que, si no se produce esa 'explosión' del sistema, se necesitarían décadas para alcanzarlos».
Según el nuevo Libro Blanco de Cotec, la principal debilidad del sistema español de innovación es la baja capacidad tecnológica de sus empresas. «Son pocas las compañías innovadoras en España, -añade el informe- y todavía menos las que cuentan con actividades habituales de I+D. El esfuerzo en innovación empresarial ha crecido en los últimos años pero el número de empresas que recurren a este mecanismo para la mejora de su competitividad está todavía alejado del índice medio europeo, aproximadamente el doble que el español».
En cuanto a las ayudas públicas a las empresas en España, el estudio continúa señalando que «la media de éstas son la mitad de lo que es normal en los países de su entorno, y además, su aplicación ha seguido pautas no habituales. Se basan fundamentalmente en créditos, y las subvenciones directas tienen importes unitarios tan bajos que son comparables al coste anual de contratación de un titulado».
El Libro Blanco resalta, por otra parte, que el sistema público de I+D es, en estos momentos, capaz de producir conocimiento científico, pero todavía no se ha alcanzado la misma eficacia en la creación de conocimiento tecnológico, y aún menos en su transferencia a nuestro tejido productivo.
El número de investigadores del sistema público español en relación a la población activa está dentro de lo que es habitual en otros países europeos. Sin embargo, los recursos de que dispone en promedio cada científico, unos 63.000 euros anuales, es bastante inferior a los más de 150.000 euros de un investigador alemán.
Los fondos para actividades de ciencia, tecnología e innovación han crecido significativamente, superando los 4.000 millones de euros para 2004, sin embargo sigue existiendo un serio problema de gestión de éstos. La burocracia y el control a priori no son compatibles con la agilidad que precisa la innovación. El nuevo instrumento de la fiscalidad de la innovación está también sucumbiendo a los obstáculos burocráticos.
El Libro Blanco concluye diciendo que «España se enfrenta a un verdadero reto que implica acometer unas directrices estratégicas de política científica y tecnológica que sean desarrolladas por un impulso de la Administración». A lo que añade que es necesario contar «con una clase empresarial que asuma la innovación tecnológica como el principal factor de ventaja competitiva».
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