La CE dio un ultimátum de dos meses a Alemania, bajo amenaza de una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que acate otra sentencia de esa corte y elimine el control público en Volkswagen.
La Comisión Europea (CE) dio un ultimátum de dos meses a Alemania, bajo amenaza de una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que acate otra sentencia de esa corte y elimine el control público en Volkswagen.
En octubre de 2007, el Tribunal falló que varias disposiciones de la llamada «ley Volkswagen» -aprobada en 1960, para regular la privatización de la empresa- atribuyen derechos especiales injustificados a las autoridades alemanas, en concreto, al Land de Baja Sajonia.
Aunque Berlín ha reformado la ley y ha eliminado algunas de las disposiciones impugnadas por la corte de Luxemburgo, sigue garantizando poder de veto a Baja Sajonia.
Bruselas abrió en junio un procedimiento sancionador a Alemania por este motivo y hoy dio un paso más, con el envío de un «dictamen motivado», previo a la denuncia ante el Tribunal.
Si el caso llega de nuevo a la corte europea, Alemania se expone a una sanción económica.
La reforma de la ley -que el parlamento alemán aprobó hace dos semanas con un apoyo mayoritario, más allá de los socios de Gobierno- mantiene el requisito de contar con el respaldo del 80% del capital para tomar decisiones importantes, en vez del 75% que establece la ley de sociedades anónimas.
En la práctica, esta disposición deja el control de la compañía en manos del estado de Baja Sajonia que, con el 20,7% de los títulos de Volkswagen, es el segundo accionista del grupo, y perjudica a Porsche, el primer accionista, con más del 40%.
La Comisión Europea recuerda que el Tribunal de la UE concluyó que esta disposición vulnera el principio comunitario de libre movimiento de capitales.