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Geopolítica de los Minerales Críticos
El Senado de Brasil ha aprobado una nueva Política Nacional de Minerales Críticos diseñada para alinear al país con las potencias occidentales y atraer capital. Expertos celebran los nuevos mecanismos de financiación, pero advierten de la creación de un consejo estatal con amplios poderes que podría generar inseguridad jurídica para las inversiones extranjeras, incluidas las españolas.
El Senado de Brasil aprobó este miércoles una ley que establece la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, un movimiento legislativo que busca posicionar al gigante sudamericano en el centro de las cadenas de suministro globales y atraer inversión productiva en un sector dominado por la competencia geopolítica. La iniciativa, que ahora espera la sanción presidencial, ha sido elogiada por el sector minero por su capacidad para modernizar la financiación de proyectos, aunque ha despertado serias dudas entre los expertos legales por la introducción de un nuevo nivel de control estatal.
La nueva legislación se enmarca en un contexto global donde las principales economías están revisando sus marcos regulatorios para asegurar el acceso a materias primas indispensables para la transición energética y la industria tecnológica. Pablo Cesário, presidente del Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), afirmó que el proyecto «refleja el escenario internacional» y alinea a Brasil con las políticas implementadas en Estados Unidos bajo la administración Trump, Canadá, Australia y la Unión Europea. Para empresas españolas de los sectores de automoción, energías renovables y defensa, esta armonización regulatoria podría simplificar y asegurar futuras cadenas de suministro desde un socio estratégico clave.
Nuevos mecanismos para atraer capital internacional
El principal avance de la ley reside en la creación de una arquitectura financiera robusta para mitigar el riesgo en un sector que requiere capital intensivo a largo plazo. La norma introduce el Fundo Garantidor da Atividade Mineral, un instrumento que Cesário califica como una «revolución estructural», especialmente para proyectos en fase preoperacional que tradicionalmente luchan por conseguir financiación.
Además, la ley otorga seguridad jurídica a figuras financieras ya consolidadas en mercados como Canadá o Australia. João Raso, abogado del área de Minería de BMA Advogados, destaca que por primera vez se permite la inscripción de contratos de streaming y de royalties mineros privados en la Agência Nacional de Mineração (ANM), lo que permite que estos acuerdos sirvan como garantía en operaciones de crédito. «Se abre para Brasil un mercado de capital especializado que financia proyectos canadienses y australianos desde hace dos décadas y que pasaba de largo por la inseguridad jurídica», señaló. Esta medida podría facilitar la entrada de fondos de inversión y capital industrial europeo, incluido el español, en proyectos de extracción y procesamiento en territorio brasileño.
La incertidumbre del control estatal
Sin embargo, el punto más controvertido de la nueva legislación es la creación del Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE). Este organismo, vinculado directamente a la Presidencia de la República, tendrá la competencia de homologar operaciones societarias y contractuales clave, como cambios de control accionarial, contratos de suministro a largo plazo y transferencias de derechos mineros.
Tanto Filipe Cunha, socio de Minería en Bichara Advogados, como João Raso, expresan su máxima preocupación por la falta de concreción de la ley. Advierten que no se definen los criterios, plazos ni límites para las decisiones del consejo, lo que introduce un nuevo e impredecible riesgo regulatorio. «No tiene sentido crear instrumentos para reducir el riesgo financiero de los proyectos y, al mismo tiempo, introducir un nuevo riesgo regulatorio sobre las operaciones necesarias para financiarlos», argumentó Cunha. Para una empresa española que negocie una fusión, una joint venture o un contrato de suministro estratégico, esto podría traducirse en meses o incluso años de incertidumbre, con la posibilidad de que el consejo revise los términos comerciales ya pactados entre las partes.
Desde el Ibram, Pablo Cesário trató de disipar estos temores, asegurando que el proceso de reglamentación que seguirá a la sanción de la ley por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva definirá el alcance del consejo. «No veo una busca intervencionista en este proyecto. Brasil continúa abierto a la inversión productiva», concluyó. A pesar de ello, la comunidad inversora internacional permanecerá atenta a cómo se resuelva esta ambigüedad, que será decisiva para transformar el potencial geológico de Brasil en un destino de inversión seguro y predecible.
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