El sector textil español se enfrenta a un futuro incierto debido al Proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, una regulación que, según un informe de CEPYME, amenaza la viabilidad de más de 11.000 pymes y 21.000 empleos directos, además de otros 17.000 indirectos. Este informe, titulado Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles, alerta de que la normativa no solo no fomenta una economía circular efectiva, sino que también impone una carga económica y administrativa desproporcionada sobre el tejido empresarial, especialmente el comercio minorista.

El documento de la confederación señala que el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) podría ver sus costes multiplicados por tres en los próximos cinco años. Este aumento, que llevaría la cifra a más de 134 millones de euros en 2030, podría comprometer la competitividad de las empresas nacionales frente a las plataformas internacionales. El coste por tonelada gestionada superaría los 400 euros, muy por encima de la tarifa actual de 250 euros, sin que se generen mejoras ambientales significativas.

Además del impacto económico, la regulación introduce excesivas cargas burocráticas que diezmarían los recursos que las pymes podrían destinar a la innovación y a proyectos sostenibles. Requisitos como registros obligatorios, reportes anuales, trazabilidad y la habilitación de espacio para la venta de segunda mano en tiendas de gran tamaño son vistos como barreras insalvables para las pequeñas empresas, que carecen de la capacidad para asumir estos costes adicionales.

El análisis de CEPYME también critica la falta de alineación con el marco europeo, ya que España impone objetivos más estrictos que otros Estados miembros. Se fijan metas de recogida separada del 50% para 2030 y 70% para 2035, un calendario "poco realista" que, sin mecanismos de apoyo, podría dejar a España en una situación desfavorable ante la Unión Europea, perjudicando su imagen al no poder cumplir con su propia normativa.

A pesar de las críticas, el informe no cuestiona la necesidad de una Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), sino que subraya que una RAP bien diseñada podría ser una oportunidad estratégica. Una normativa eficaz, orientada a la inversión en soluciones de futuro, podría convertir a España en un referente en reciclaje textil, atrayendo inversiones, desarrollando tecnologías de reciclaje y generando empleo verde de calidad. Para ello, es fundamental que el enfoque se centre en impulsar infraestructuras de reutilización y hubs de reciclaje avanzado, en lugar de financiar la "fracción gris" de residuos, que actualmente carece de soluciones técnicas para su reciclaje.

En 2023, el sector textil representó el 2,9% del PIB español y aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto, con casi 55.000 empresas activas. Este importante tejido productivo, compuesto en su mayoría por pymes, podría verse gravemente afectado por una regulación que, según CEPYME, no está adecuadamente alineada con las necesidades reales del sector ni con los objetivos de una verdadera economía circular.