Día Martes, 18 de Noviembre de 2025
Una profunda desorganización administrativa en la agencia de comercio de Estados Unidos, dirigida por el secretario Howard Lutnick, ha provocado el bloqueo de miles de permisos de exportación, afectando gravemente a la industria tecnológica estadounidense y a multinacionales de países aliados. Este atasco, considerado el más grande en treinta años, frena la venta de productos estratégicos y pone en jaque operaciones clave de socios energéticos como la española Repsol.
La maquinaria burocrática para la aprobación de exportaciones en Estados Unidos se encuentra en un estado de parálisis casi total. Bajo la actual administración del presidente Donald Trump, miles de solicitudes para vender tecnología y productos estadounidenses en el extranjero, incluyendo componentes tan cruciales como los chips avanzados para inteligencia artificial, están acumulando polvo en la agencia federal competente. La situación, descrita por fuentes internas y del sector privado como el mayor cuello de botella en tres décadas, ha sumido a la industria en una profunda incertidumbre.
La confusión y la inacción administrativa, bajo la supervisión directa del secretario de Comercio, Howard Lutnick, han generado un caos interno. La agencia ha restringido sus comunicaciones con las empresas, ha reasignado a personal experto y ha sufrido una fuga de talento clave debido a bajas y renuncias. A esto se suma el incumplimiento de la promesa de publicar una nueva normativa que aporte claridad al proceso, dejando a las compañías en un limbo regulatorio.
El impacto más notorio se siente en el sector de la inteligencia artificial. Nvidia, uno de los gigantes tecnológicos más perjudicados, ha manifestado su desconcierto. La compañía reveló que "el gobierno nos había comunicado que recibiríamos licencias para exportar nuestros chips H20 a China y esperábamos comenzar las entregas pronto". Sin embargo, estas autorizaciones no han llegado, lo que pone en jaque pedidos por valor de miles de millones de dólares y amenaza el liderazgo de la industria norteamericana.
Desde dentro de la propia administración se reconoce la gravedad del asunto. Un funcionario ha confirmado que "la acumulación de solicitudes de licencia es la más larga en más de tres décadas" y que "la confusión y la inacción dentro de la agencia encargada de aprobarlas han alarmado tanto a quienes abogan por más restricciones como a las empresas exportadoras".
Frente a las críticas, el Departamento de Comercio defiende su gestión. Sostiene que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) "ya no aprobará automáticamente solicitudes de licencia que planteen graves dudas de seguridad nacional" y afirma que su objetivo es impulsar "la agenda del presidente Trump mediante reglas estrictas y una aplicación agresiva".
Mientras tanto, la frustración entre las empresas exportadoras y sus socios internacionales no deja de crecer. "Estamos viendo sectores completos donde no hay movimiento ni indicio de si o cuándo se emitirán licencias", lamenta Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial EE.UU.-China, quien advierte: "Cuanto más se demore el proceso, más cuota de mercado vamos a perder". Esta percepción es compartida por expertos como Jim Anzalone, presidente de Compliance Assurance, quien señala que "no hay nada oficial sobre cuál es la política ni cuándo se despejará el atraso".
El impacto de estas decisiones unilaterales trasciende las fronteras estadounidenses y golpea directamente a sus socios comerciales. Actualmente, la empresa española más afectada es Repsol. La compañía energética ha recibido una comunicación de la Administración Trump notificando la cancelación de sus permisos para exportar crudo y derivados desde Venezuela. Estas licencias, que habían sido otorgadas por la anterior administración, han sido revocadas, lo que supone un duro golpe para la multinacional. La medida no solo impacta en los ingresos que Repsol genera en el mercado norteamericano, que representan cerca del 4% del total, sino que también compromete su exposición financiera en el mercado venezolano, valorada en 504 millones de euros.
Ante este escenario global de incertidumbre, donde se siguen aprobando algunas licencias para países aliados pero sin predictibilidad, la comunidad empresarial reclama con urgencia al gobierno de EE.UU. que restaure un sistema transparente y estable para no ceder más terreno en el competitivo mercado internacional.
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