El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mantuvieron una reunión de trabajo en la capital belga. Este encuentro, el primero de carácter bilateral desde la renovación del mandato de Von der Leyen, sirvió para repasar los desafíos más acuciantes que enfrenta la Unión Europea.

En la agenda destacaron la persistente guerra arancelaria, la crítica situación en Gaza y la necesidad de reforzar las interconexiones eléctricas del continente. Sánchez expresó a Von der Leyen el respaldo de España a las negociaciones comerciales en curso, enfatizando la importancia de una respuesta unificada y recíproca por parte de los Veintisiete.

La crisis en Oriente Próximo ocupó un lugar central en las conversaciones. Coincidiendo con el primer aniversario del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, el presidente Sánchez manifestó su "extrema preocupación" por la catástrofe humanitaria en Gaza. En este sentido, instó a incrementar la presión sobre Israel para detener la "invasión ilegal", proponiendo medidas concretas como la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y la implementación de sanciones, incluyendo un embargo de armas.

Otro de los puntos clave fue la urgencia de ampliar las interconexiones eléctricas de la Península Ibérica con el resto de Europa, un tema vital para la autonomía energética y la transición verde. Asimismo, se discutió la necesidad de concluir el acuerdo comercial con Mercosur y de impulsar una política de vivienda ambiciosa desde la Comisión Europea.

En el ámbito de la Defensa, los líderes analizaron las iniciativas comunitarias destinadas a fortalecer la seguridad continental y la estabilidad global. Sánchez reiteró el compromiso de España con la defensa de Ucrania y el flanco oriental europeo, recordando que el país cuenta con más de 3.000 militares en misiones internacionales y una inversión en operaciones de mantenimiento de paz que supera significativamente la media de la OTAN. Subrayó, además, la importancia de que los objetivos de gasto en defensa sean compatibles con los compromisos sociales, medioambientales y multilaterales de los Estados miembros.