Formación deficiente, legislación laboral y fiscalidad: Los principales frenos al desarrollo empresarial en España, según el Banco Mundial

El tejido empresarial español se enfrenta a importantes vientos en contra que dificultan su pleno desarrollo y competitividad. Un estudio exhaustivo del Banco Mundial, el "Enterprise Survey Spain 2024", ha puesto de manifiesto que la formación inadecuada del personal es la principal preocupación para un 35% de las empresas consultadas. Le siguen de cerca la legislación laboral, señalada por un 18% como un obstáculo significativo, y la fiscalidad, que representa un freno para el 15,9% de los encuestados.

El informe, que se basa en 1.431 entrevistas presenciales a directivos y responsables de empresas de diversos sectores y tamaños a lo largo de todo el territorio nacional, contó con la colaboración de la Cámara de España para la recogida de información.

Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, subrayó la importancia de este tipo de diagnósticos: “Para que la economía crezca sostenidamente, es imprescindible que el entorno empresarial sea propicio a la inversión, la innovación y la competencia. Y para generar este entorno, es preciso escuchar la voz de los empresarios, pequeños y grandes, emergentes y establecidos, y atender sus preocupaciones y necesidades. De su labor y creatividad continuas, la sociedad entera se beneficia.”

En la misma línea, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), destacó el valor de los datos como herramienta fundamental para comprender el entorno en el que operan las compañías. “Esta encuesta pone de manifiesto que las empresas se enfrentan aún con dificultades para desarrollar su actividad: toca extraer conclusiones y poner en marcha soluciones”, afirmó Herrero. Añadió que la “economía de España se enfrenta a retos de patrón de crecimiento e impulso de la productividad”, y que la incertidumbre global por el proteccionismo exige una “planificación y estrategia integral que afronte esos desafíos en términos de eficiencia y productividad”.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, incidió en la relevancia de conocer a fondo el ecosistema empresarial. “En una economía social de mercado como la española, la empresa es la pieza clave para la estabilidad, la creación sostenida de riqueza y el progreso social. Por ello, es imprescindible propiciar un entorno regulatorio que aliente y refuerce, y no frene, la actividad productiva”, señaló. Para Bonet, “la conclusión última es que las empresas sufren a menudo una carga administrativa y regulatoria que representa un sobrecoste, dificulta el funcionamiento normal de su negocio y lastra su capacidad competitiva”.

Carga Regulatoria y Otros Desafíos

Durante la presentación, una mesa redonda moderada por Isabel Puig, presidenta de la Comisión de Pymes de la Cámara de España, y con la participación de figuras como Román Arjona (Comisión Europea), Juan Francisco Jimeno (Consejo de la Productividad) e Inmaculada Riera (Cámara de Comercio de España), enfatizó la necesidad de generar datos fiables para impulsar la productividad y diseñar políticas públicas efectivas.

El estudio revela que la carga regulatoria sigue siendo un lastre considerable. Los directivos españoles dedican en promedio un 10,5% de su tiempo al cumplimiento de requisitos normativos, una cifra superior al promedio del 8% registrado en Europa y Asia Central.

En cuanto a la obtención de permisos y licencias, España muestra un panorama mixto. Conseguir una licencia de importación toma 20 días (frente a 19 en Europa y Asia Central), y una licencia de actividad requiere 66 días (comparado con 41 en Europa y Asia Central y 51 en economías de altos ingresos). Sin embargo, los plazos para permisos de construcción (84 días) son más favorables que en otras regiones.

El informe también aborda la economía sumergida. Un 26% de las empresas españolas afirma competir con negocios no registrados, ligeramente por debajo del 28% promedio en Europa, Asia Central y economías de altos ingresos. Destaca positivamente que el 95% de las empresas en España estaban formalmente registradas al inicio de sus operaciones.

En materia de corrupción, España presenta un resultado notablemente bajo: solo el 0,4% de las empresas reportó haber recibido "al menos una solicitud de pago de soborno", en contraste con el 6% en Europa y Asia Central y el 4% en economías de alto ingreso.

Recomendaciones para Impulsar el Crecimiento

Ante este panorama, la Cámara de España ha propuesto una serie de recomendaciones urgentes. Insisten en la necesidad de alinear los itinerarios formativos con las demandas reales de las empresas, modernizar las políticas activas de empleo y agilizar los trámites administrativos para reducir los costes de contratación. También abogan por mejorar la eficacia de las políticas pasivas, incentivando la búsqueda activa de empleo.

Para fortalecer el tejido productivo, la Cámara sugiere medidas estructurales como la reducción de las cotizaciones sociales, la simplificación del impuesto de sociedades, la disminución de las cargas administrativas y la eliminación de ciertos umbrales regulatorios. Consideran estas acciones imprescindibles para estimular el crecimiento, la transformación, el emprendimiento y la creación de empleo en un contexto de disrupción tecnológica y cambios demográficos.