Nueva Ley Impulsa los MASC: ¿Solución real o trámite obligatorio para la Justicia?

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 marca un antes y un después en la resolución de conflictos en España. Con el objetivo de descongestionar los tribunales y agilizar la justicia, la nueva normativa exige el uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como paso previo a la vía judicial.

Esta medida, que busca fomentar la negociación y el acuerdo entre las partes, ha sido recibida con opiniones encontradas. El Consejo General de Economistas, a través de su Registro de Economistas Forenses (REFOR), ha expresado su apoyo a la iniciativa, pero también ha manifestado su inquietud sobre la posible conversión de los MASC en un simple trámite burocrático.

"Los MASC y su respaldo en la Ley 1/2025 suponen un avance significativo en la resolución de conflictos y contribuyen a descongestionar los tribunales promoviendo soluciones más rápidas, eficientes y menos costosas", afirma Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Sin embargo, Pich advierte: "Si estos mecanismos no se consolidan como una solución en sí misma y solo se utilizan como un paso obligatorio antes de la vía judicial, la nueva ley habrá fracasado en su propósito".

La preocupación del sector económico radica en la necesidad de que los MASC se conviertan en una alternativa real y efectiva a la vía judicial. Los economistas señalan que la duración media de un procedimiento concursal puede extenderse hasta seis años en los casos más complejos, mientras que una negociación previa podría resolverse en un plazo de cinco a seis meses, con un coste considerablemente menor.

Desde el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de insolvencias– han subrayado la importancia de este nuevo requisito, ahora obligatorio, que junto con otros ya implementados busca soluciones previas al litigio en el ámbito civil y mercantil mediante la negociación acordada de pagos

"La raíz y objeto de muchos conflictos tienen un trasfondo económico de solución judicial evitable. Nuestras empresas, y particularmente nuestras pymes, precisan de sistemas de resolución de conflictos ágiles, predecibles y de gasto contenido", subraya Pich.

Para respaldar su postura, los economistas forenses han analizado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revelan un aumento del 11,4% en la litigiosidad en 2024 y un incremento del 14% en los casos pendientes de resolver. En el ámbito civil, donde se aplicarán los MASC, estas cifras son aún más alarmantes, con un aumento del 19,4% en la litigiosidad y un incremento del 18% en los casos sin resolver.

A pesar de estos datos, los economistas reconocen que el sistema judicial español se encuentra en la media europea en términos de rendimiento, según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ). No obstante, advierten sobre el elevado porcentaje de empresas en concurso que terminan en liquidación (97%), sin alcanzar acuerdos que permitan su viabilidad.

Entre las observaciones clave de los economistas sobre la implementación de los MASC, destacan:

• Las penalizaciones por no recurrir a los MASC y los incentivos fiscales pueden fomentar su uso.
• Es crucial evitar que los MASC desprotejan a las partes en desventaja social o económica.
• La transparencia en la elección de expertos independientes es fundamental.
• Es importante que los parámetros para argumentar que una negociación es fallida, en aquellos casos en los que no sean los que expresamente contempla la L.O.1/2025, se basen en criterios transparentes y verificables.
• La nueva ley tiene que conseguir aumentar los casos de resoluciones con acuerdo, para llegar a cifras parecidas a las del servicio de mediación y arbitraje (SMAC) en el ambito laboral, donde el 34,5 % de los casos terminan en acuerdo.

La implementación exitosa de los MASC podría tener un impacto significativo en la eficiencia del sistema judicial español, al reducir la carga de trabajo de los tribunales y promover soluciones más rápidas y económicas para los conflictos. Sin embargo, su efectividad dependerá de la voluntad de las partes de utilizarlos como una alternativa real a la vía judicial, y no como un mero trámite obligatorio.