La Junta de Andalucía y organizaciones agrarias exigen un análisis exhaustivo del acuerdo UE-Mercosur

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento del posicionamiento consensuado entre la Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias andaluzas, como Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias. Este posicionamiento se centra en los peligros que representa el acuerdo UE-Mercosur para el sector agrario andaluz. Dicho acuerdo prevé la liberalización comercial entre ambos bloques económicos, lo que podría derivar en una competencia desleal debido a que los productos del Mercosur no están sujetos a los mismos estándares de calidad y sostenibilidad que rigen en la UE.

La entrada masiva de productos latinoamericanos sin aranceles amenaza con impactar negativamente en los precios locales y plantea riesgos para la seguridad alimentaria debido a diferencias legislativas en el uso de pesticidas prohibidos en Europa. Además, se teme una pérdida significativa de soberanía alimentaria, afectando al mundo rural andaluz donde la agricultura es un pilar económico crucial.

Las autoridades regionales y las principales organizaciones agrarias alertan sobre los riesgos de competencia desleal y solicitan medidas que garanticen una competencia justa

Ante esta situación, tanto la Consejería de Agricultura como las organizaciones agrarias reclaman a la UE garantizar un nivel adecuado de autonomía alimentaria para asegurar autosuficiencia ante crisis futuras como las vividas durante el Covid-19 o conflictos internacionales recientes. También insisten en mantener el tejido social y económico rural para evitar despoblación.

La Junta solicita garantías adicionales respecto a la seguridad alimentaria de las importaciones y demanda condiciones equitativas similares a las exigidas dentro de la producción europea. Se requiere mayor transparencia sobre los elementos del acuerdo agroalimentario e introducción de cláusulas espejo para asegurar igualdad competitiva.

Finalmente, destacan que cualquier liberalización comercial debe realizarse bajo condiciones justas para evitar competencia desleal, especialmente considerando que Andalucía es una potencia exportadora con ventas anuales superiores a 14.000 millones de euros.