El Consejo de Ministros aprueba el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19

El Consejo de Ministros aprobó el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. El Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, dotado con 1.000 millones de euros de origen público, busca evitar la destrucción de empleo y tejido productivo a nivel nacional y regional. Así, desde el 28 de junio y hasta el 31 de diciembre de este año, las compañías de tamaño mediano que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia pero que sean viables en el medio y largo plazo, podrán solicitar financiación a través de una plataforma que se habilitará para facilitar la presentación de documentación de manera telemática.

Con el fin de garantizar un correcto proceso de selección, análisis y estructuración de las inversiones, COFIDES ha trabajado en el diseño de procedimientos operativos y de gobernanza ágiles y transparentes, así como criterios financieros objetivos, por los que las compañías serán analizadas de manera individual. Los principales criterios son los siguientes:

La facturación de las compañías debe ser de entre 15 y 400 millones de euros a cierre de 2019.

El fondo está abierto a empresas de cualquier sector, salvo compañías financieras.

Las compañías deben tener su sede social y principales centros de trabajo en España.

Deben atravesar por dificultades financieras comprobables, con una caída en su cifra de negocio de 2020 superior al 20% sobre el año anterior, así como haber sufrido un deterioro en su estructura de capital.

Deben acreditar no haber tenido problemas de viabilidad antes de la pandemia, en concreto a 31 de diciembre de 2019.

Las compañías solicitantes deben presentar un plan de negocio que garantice la viabilidad futura, así como una estructura de endeudamiento sostenible.

Deben estar al día con sus obligaciones tributarias, reintegro de ayudas públicas, etc.

No podrán ser seleccionadas aquellas compañías que hayan solicitado previamente o se encuentren en concurso de acreedores, salvo aquellas que estén ya en fase de convenio.

Las empresas que accedan al Fondo de Recapitalización estarán sometidas a algunas restricciones. En particular, regirá la prohibición en el reparto de dividendos y la limitación de la retribución de la alta dirección y Consejo de Administración en los niveles de 2019. Igualmente, se vigilará el cumplimiento de la normativa laboral y se prohibirá la utilización de los fondos públicos para financiar expansiones agresivas que puedan falsear la competencia.

Las empresas seleccionadas podrán acceder a financiaciones entre los 3 y los 25 millones de euros (entre 3 millones y 15 millones pymes; entre 4 y 25 millones no pymes), que se materializarán a través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y, exclusivamente de manera complementaria, deuda.

En cuanto a la duración media de la financiación, será necesariamente inferior a ocho años. Rodrigo Madrazo, Director General de COFIDES, ha señalado que “los precios estarán alineados con la normativa de ayudas de Estado, se estudiarán de manera individualizada atendiendo al riesgo y serán crecientes en el tiempo para incentivar la amortización a medida que mejore la situación económica-financiera”.

El Fondo se suma a las ayudas extendidas por el Gobierno de España para apoyar la sobrevivencia y viabilidad de las empresas, así como para salvaguardar el empleo y las rentas de los trabajadores. Es un fondo similar a los fondos de solvencia constituidos por los países de nuestro entorno.

José Luis Curbelo, presidente de COFIDES, ha destacado que “el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 busca promover la recuperación económica y apoyar a las empresas en un momento delicado. Debemos tener presente que las empresas medianas a las que se dirige el Fondo son el gran motor de la economía nacional. Generan casi 3 millones de empleos y de ellas depende la sobrevivencia de una gran parte del tejido empresarial de menor tamaño y sus empleos, así como muchos trabajadores autónomos, frecuentemente en actividades de servicios de alto valor añadido”.

Curbelo ha enfatizado que “una buena parte de las empresas medianas realizaron un gran esfuerzo de puesta al día tecnológica e innovación después de la anterior crisis, por lo que las inversiones públicas del Fondo aspiran a evitar que esos esfuerzos se vayan al traste con la consecuente pérdida de competitividad para todos”.