Mayor coordinación entre administraciones en materia energética y de sostenibilidad, principales demandas empresariales para reducir las cargas burocráticas

Una mayor coordinación e interoperabilidad entre las diferentes administraciones públicas, en concreto entre las Comunidades Autónomas, con relación a la tramitación administrativa vinculada a la gestión de residuos, las auditorías energéticas y la producción y comercialización de productos ecológicos han sido las principales demandas que han presentado las empresas, en el encuentro sobre “Simplificación Administrativa” celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de España.

Para la Cámara, la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas y la mejora de la regulación económico-empresarial tienen un impacto directo sobre la mejora de la competitividad del tejido productivo. Por ello, es imprescindible seguir avanzando en este objetivo para estimular la actividad empresarial e impulsar la competitividad, en unos momentos donde la crisis económica causada por la COVID-19 está obligando a muchas empresas a realizar multitud de procedimientos.

La reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas tiene un impacto directo sobre la competitividad de las empresas

Por ello, la Cámara de Comercio de España trabaja junto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en materia de simplificación administrativa, firmando anualmente convenios para identificar trámites gravosos para las empresas y proponer medidas concretas para reducir las cargas administrativas asociadas. Para 2020, una de las tareas previstas ha sido la organización de jornadas con empresas sobre la tramitación administrativa en el ámbito de la energía ,la lucha contra el cambio climático, la economía circular y la sostenibilidad.

La jornada constituye un punto de encuentro entre la Administración General del Estado y los empresarios, donde las empresas pueden conocer directamente las actuaciones que se están llevando a cabo desde la AGE en materia de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación. A su vez, los representantes de las empresas trasladan los obstáculos que encuentran en la tramitación y que les restan competitividad en el desarrollo de su actividad, proponiendo medidas concretas de simplificación y reducción administrativa.