China, nueva Ley de Inversión Extranjera

El proceso de tramitación de la ley apenas ha durado tres meses, un plazo inusualmente corto para lo que es habitual en China, lo que indica que las autoridades tenían mucho interés en tener la ley aprobada cuanto antes para poderla esgrimir como argumento negociador en los contenciosos que el país asiático mantiene en estos momentos con los EE.UU y, en menor medida, con la Unión Europea. Tanto el uno como la otra acusan a China de falta de reciprocidad en el acceso a su mercado, de obligar al socio extranjero en las “jointventures” a realizar transferencias forzosas de tecnología al socio local y de dar un apoyo financiero ilimitado a sus empresas, lo que les otorga un “músculo financiero” colosal para poder adquirir compañías de otros países, creando así “campeones internacionales”.

Europa y los EE.UU difieren, sin embargo, en la estrategia a seguir ya que mientras que el segundo ha optado por desencadenar una “guerra comercial” con China que todavía está lejos de haber terminado, la primera se está dotando de mecanismos legales que le permitirán vetar inversiones chinas en sectores que puedan comprometer la seguridad del continente, pero sin por ello renunciar a cerrar pactos comerciales con el gigante asiático.

El demonio puede estar en los detalles. Es cierto que la nueva ley recoge el principio de igualdad de trato entre inversores extranjeros y locales, por ejemplo en los procesos de licitación pública, al tiempo que prohíbe a la autoridad administrativa obligar a las empresas extranjeras a transferir tecnología a los socios locales, estableciendo que la cooperación tecnológica deberá siempre ser “equitativa”. Sin embargo, europeos y estadounidenses se quejan, en primer lugar, de que el texto se haya aprobado por un procedimiento casi de urgencia, sin respetar el habitual periodo de consultas, lo que hubiera permitido estudiarlo más en detalle y, eventualmente, plantear objeciones. En segundo término, la redacción del texto legal es, a propósito, vaga, dejando numerosas zonas grises a la interpretación de los tribunales chinos, cuya imparcialidad es puesta en duda por los inversores extranjeros quienes les acusan de favorecer a las empresas locales.

La aplicación de la norma puede verse restringida por razones de “seguridad nacional”, un concepto calculadamente vago cuya interpretación queda igualmente en manos de las autoridades. Por último, la ley todavía debe desarrollarse y concretarse en distintos reglamentos que son los que los gobernantes deberán esforzarse en hacer cumplir, algo siempre complicado en un país con el tamaño de un continente y en que son muchas veces las autoridades locales, y no Pekín, quienes tienen la última palabra en sus respectivas zonas de influencia. La música de la ley en principio parece sonar bien, pero como se suele decir, el demonio suele esconderse en los detalles.

Fuente: CESCE