Un país sin patentes, un país sin… ¿futuro?

El año 2018 no ha sido finalmente el año de recuperación para las solicitudes de patente en España. Con una caída de más del 30% en el número de solicitudes de patentes nacionales en nuestro país, el pasado año se suma a una línea descendiente que se inició hace ya cerca de diez años y ya miramos más de cerca el abismo de las mil quinientas solicitudes de patentes que el objetivo de las tres mil. La situación es a todas luces preocupante, aunque los datos siempre debemos verlos en perspectiva. Lo que está claro es que un país sin patentes -termómetro fiable de la innovación- es un país sin demasiado futuro innovador.

Por un lado, y para hacernos una idea aproximada del campo de juego en el que se libra la gran batalla de la innovación, el país con mayor número de solicitudes de patente en el mundo, China, manejó unas cifras de patentes que superaron el millóntrescientos mil en 2017 y una sola empresa como HUAWEI protegió su tecnología mediante más de 4.000 patentes ese mismo ejercicio. Cierto es que estos números no se repiten para países europeos y que es Alemania la que destaca en nuestro entorno, con unas cifras cercanas a las 68.000 solicitudes anuales, aunque ambos datos están a años luz de nuestra más que discreta cifrade 1.576 patentes que por deméritos propios han colocado a España de nuevo en un puesto destacado entre los países no innovadores o no tendentes al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, y antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar el efecto calendario provocado por la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes en abril de 2017, que explica en parte que la tendencia al alza del resto del mundo no se haya acompasado con la española. El efecto positivo y disuasorio de las exigencias de la nueva regulación fue un sistema reforzado que detuvo a los solicitantes de patentes que pretendían ser concedidas con otros fines que no fueran su explotación o la puesta en el mercado en beneficio de la sociedad, pero el daño colateral de esa medida fue que el balance global cayera hasta el alarmante 31% de caída de hoy.  En todo caso, si medimos períodos de tiempo comparables desde la aplicación de la Ley de Patentes tal y como sugiere la OEPM, desde abril a diciembre en 2017 y comparado con el mismo período de 2018 la caída solamente fue de un 0,6% desde la aplicación de la ley. Muy bien, parece que nuestro país ya ha tocado “suelo” en protección de la innovación, pero ahora la pregunta es ¿cómo invertir esa tendencia?

Para empezar, hay que evitar culpar a este entorno legislativo la escasa percepción de nuestras empresas innovadoras y nuestros inventores de la importancia de protección de sus invenciones por medio de las patentes y otros registros de propiedad industrial. El tejido empresarial de nuestro país, poblado de pymes y micropymes no ayuda, tampoco la concentración de la inversión en actividades de poco valor añadido y la ya consabida escasa cultura de propiedad industrial en un país donde a las empresas (incluso a las innovadoras) les cuesta en ocasiones distinguir entre una patente y una marca. Si a todo eso le añadimos la tradicional falta de músculo financiero de nuestras empresas para acometer estrategias ambiciosas de protección de activos y si culturalmente somos muy proclives a actuar solo cuando tenemos un problema, tenemos casi todos los ingredientes que explican la situación en la que nos encontramos.

Tanto es así, que somos el único país del mundo en el que las Universidades y los Organismos públicos de investigación acumulan un porcentaje de invenciones protegidas por patente casi del orden del de todas nuestras empresas privadas. Esto podría significar que la innovación en nuestro país no está desarrollándose en el sector privado o que se ha hecho más esfuerzo en concienciar a investigadores de lo público que puedan obtener beneficios con la transferencia, la creación de start–ups y el acercamiento a las empresas que desarrollaran comercialmente esa tecnología, que a las propias empresas que no son conscientes de las ventajas de proteger sus invenciones.

En ese sentido, España necesita ya reformas estructurales para conseguir un mayor nivel de coordinación entre los diferentes actores del sistema de I+D, incentivar la creación de empresas que invierten en I+D+i así como la creación de empresas de base tecnológica con un sistema de incentivos fiscales claro, seguro y accesible, entre otras medidas. También debemos mejorar los mecanismos al servicio de la transferencia de tecnología entre los sectores público y privado, para que la ciencia básica esté al servicio de las necesidades de la sociedad y el mercado, clave para que esa innovación se traslade en un activo y no a los cajones de los grandes centros de innovación del país.

Si a esto le añadimos una mayor dotación presupuestaria para nuestro sistema público (y privado) de I+D+i, todavía por debajo de la media de la Unión Europea, y le sumamos una apuesta decidida por la concienciación social sobre el enorme valor de la innovación, podremos al menos sentar una base sobre la que sea factible plantear la construcción de una economía basada en el conocimiento, que refuerce un ecosistema empresarial más competitivo con un crecimiento más sostenible y sostenido en el tiempo, mejores condiciones laborales para la mayoría y, con toda seguridad, un país con más patentes y mucho más futuro.

Por: Patricia Ramos

Directora de Patentes de PONS IP