Unión Europea, mayor supervisión de la inversión extranjera

El objetivo es evitar que se produzcan inversiones de países terceros que supongan una amenaza para la seguridad o el orden público. La medida se destina especialmente a aquellas inversiones procedentes de empresas estatales opacas que “no son el resultado de las fuerzas del mercado” sino que están respaldadas por un gobierno y responden a sus intereses. El acuerdo permitirá crear un mecanismo de cooperación en el que los Estados miembros y Bruselas podrán intercambiar información.

En caso de que se trate de una inversión que afecte a varios países o sea un proyecto de interés estratégico para la UE, la Comisión podrá emitir una opinión pero serán los países miembros quienes tengan la última palabra. En todo caso, deberán informar de las operaciones bajo estudio al resto de países de la UE y a la Comisión. Esta medida, en definitiva, pretende defender y preservar los intereses estratégicos en el espacio comunitario, uno de los más abiertos del mundo en materia de inversiones.

República Checa. El primer ministro sobrevive a la moción de censura. El primer ministro checo, Andrej Babis, ha salido airoso del voto de confianza propuesto por la oposición el pasado 23 de noviembre. Babis se enfrenta a cargos por malversación de fondos estructurales de la UE destinados a la construcción de un centro de congresos a las afueras de Praga. El año pasado la policía destapó el caso, pero el negó todas las acusaciones y denunció que se trataba de un intento de la oposición para descreditarle. Recientemente, la filtración de un vídeo del hijo de Babis en Crimea ha reavivado el caso. De acuerdo con los medios de comunicación, Babis habría mandado allí a su hijo para evitar que declarase como testigo. Además de la oposición parlamentaria (92 de los 200 diputados votaron en su contra), Babis se enfrenta a duras críticas de parte de la población que la pasada semana salió a la calle a pedir su dimisión. Babis venció en los últimos comicios celebrados en 2017 con una formación política nueva, ANO 2011 y, desde entonces, gobierna en minoría junto con el partido socialdemócrata y con el apoyo del Partido Comunista. Este es un ejemplo más del complejo escenario político que vive el país desde las pasadas elecciones que dejaron como resultado el Parlamento más fragmentado de los últimos años.

Italia. La UE inicia el proceso para sancionar a Italia. El conflicto entre Bruselas y Roma ha entrado en una nueva fase. El período del intercambio de cartas y advertencias ya quedó atrás. La semana pasada Italia confirmó que mantendría su plan presupuestario inicial que pretende triplicar el déficit previsto para el próximo año y sobreestima el ritmo de crecimiento de la economía italiana para los próximos años. En respuesta a este desafío, el pasado 21 de noviembre, la Comisión Europea resolvió activar el brazo correctivo por sobrepasar los límites de endeudamiento público (131% del PIB en 2017). Esta medida, de ser aprobada por los países de la zona euro, podría derivar incluso en sanciones económicas, como obligar a las autoridades a ingresar el 0,2% del PIB en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Por el momento, todos los estados miembros cierran filas con Bruselas que considera que ha llegado el momento de no pasar por alto la clara violación de las reglas comunitarias que implicaría la aprobación del presupuesto italiano. Los países de la eurozona votarán en las próximas semanas si finalmente materializan las sanciones o si, por el contrario, se trata únicamente de la enésima llamada de atención al rebelde Ejecutivo italiano.

Polonia. Marcha atrás en la reforma judicial. El Gobierno polaco ha decidido recular en su polémica reforma del Tribunal Supremo que reducía la edad de jubilación de los magistrados  de 70 a 62 años. Con esta medida, el Ejecutivo obligaba a jubilarse a casi un tercio de los jueces del Supremo y tenía vía libre para realizar nuevos nombramientos, lo que, desde Bruselas, se consideraba un atentado contra la independencia judicial del país. Tras activar el Artículo 7 del Tratado de la UE, que podía dejar a Polonia sin derecho a voto en el Consejo Europeo, la Comisión también denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El pasado 19 de octubre el TJUE bloqueó de manera provisional la reforma judicial y dio un mes de plazo a las autoridades polacas para que cumpliesen las medidas cautelares. El partido en el poder, el PiS (Ley y Justicia), ha ido más allá y ha enmendado la reforma elevando de nuevo la edad de jubilación de los magistrados a los 70 años. Esto supone la reincorporación de los 27 jueces que fueron jubilados forzosamente, entre los que se encontraba su presidenta Malgorzata Gersdof quien decidió no acatar la nueva legislación y nunca abandonó su puesto.

De haber seguido adelante con la reforma judicial, Polonia corría el riesgo de enfrentarse a una sanción económica y socavar aún más las ya de por sí deterioradas relaciones con la UE; algo que podría haber puesto en riesgo su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones que tendrán lugar en 2019.

Reino Unido. El Consejo Europeo aprueba el Acuerdo para el Brexit. El pasado 25 de noviembre los líderes europeos dieron por finalizadas las negociaciones para la salida de Reino Unido del club comunitario. Pese a que a lo largo de los veinte meses que han durado las negociaciones las posturas parecían irreconciliables, finalmente los líderes del club comunitario avalaron el acuerdo al que había llegado el representante de la Comisión, Michel Barnier. Jean Claude Juncker aseguró que se trataba del “mejor acuerdo posible”, en lo que se interpretó como una clara advertencia al Parlamento británico que aún debe ratificarlo.

Ni el presidente de la Comisión, ni la delegación negociadora de la UE, pretenden cambiar una sola coma del texto final. De hecho, pese a las exigencias de otros Estados miembros como España, que quería que se aclarase el tratamiento de Gibraltar; Francia, cuyas exigencias estaban relacionadas con asuntos pesqueros u Holanda que expresó reticencias en lo relacionado con el período de transición, Juncker se negó a modificar el Acuerdo. Estas exigencias, sí se han incluido, en cambio, en la Declaración Política de los Veintisiete y de la Comisión. No obstante, a diferencia del Acuerdo de salida, este documento, que pretende establecer las directrices en el tipo de relación que mantendrá la UE con el Reino Unido una vez finalice el período de transición, no es legalmente vinculante. De esta forma, se pone punto y final a más de cuatro décadas de relación entre la UE y Reino Unido, aunque nadie sabe con seguridad si May finalmente conseguirá el apoyo del Parlamento británico para consumar dicha ruptura.