Venezuela, el gobierno exige a los empresarios la entrega de la producción

El pasado 27 y 28 de junio tuvo lugar un encuentro entre los sectores productivos y el ejecutivo de Maduro para, en palabras del segundo, “sincerar las estructuras de costos”, con el objetivo de abaratar el precio de 50 productos. Sin embargo, el encuentro se tradujo en la exigencia de la entrega del 70% de su producción. Este intervencionismo va a agravar todavía más la crisis del país, ya que, en opinión del presidente de Fedecámaras, la producción se va a concentrar en los canales controlados por el gobierno, que lo distribuirán según sus intereses, y el desabastecimiento empeorará fuera de este circuito.

Además, esta medida no hará sino aumentar el “bachaqueo” o contrabando, muy extendido en el país. Por otra parte, el gobierno no ha aclarado cómo pretende pagar a los productores. Esta decisión supone un mayor control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos y se suma a varias medidas intervencionistas adoptadas este año. Así, el 30 de enero la asamblea nacional constituyente aprobó la Ley de los consejos productivos de los trabajadores, que faculta al Ejecutivo a intervenir en los procesos de elaboración de una empresa. Solo cuatro meses después, a finales de mayo, se anunció la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos”, medida que redujo un 50% las ventas por la caída la afluencia de consumidores debido al temor a una posible intervención violenta de la policía. Los acreedores se aúnan para el recobro de su deuda. Un grupo de inversores institucionales, que ostentan aproximadamente el 13% de la deuda externa de Venezuela, han señalado que no respaldarán ningún plan de reestructuración que no contemple un trato equitativo con todos los acreedores. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha interrumpido casi todos los pagos de la deuda externa, dejando en "default" a Venezuela, que tiene una carga crediticia de unos 60.000 mill.$. en bonos extranjeros directos y subsidiarios. A esto se suma la deuda de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Electricidad de Caracas. Como viene siendo habitual, Maduro ha responsabilizado del impago a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos por evitar las transferencias internacionales.

La UE impone nuevas sanciones. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han engrosado la lista de altos cargos de organismos venezolanos sujetos a sanciones (prohibición de la entrada en la UE y congelación de activos) con once nuevos nombres. Esta decisión responde a las irregularidades que rodearon las elecciones del 20 de mayo, en las que la abstención fue máxima y la oposición muy limitada. Entre los sancionados se encuentran los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami y el ministro de Educación, Elías Jaua. Esta nueva ronda de sanciones se suma a las de enero (que incluían a otros siete miembros próximos al régimen) en un intento de aumentar la presión sobre el ejecutivo en favor de la apertura de un proceso de diálogo que culmine en una nueva convocatoria de elecciones. Maduro no ha tardado en reaccionar describiendo la decisión como una "agresión" y acusando a la UE de “flagrante subordinación de la UE a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela". La UE es el tercer mayor socio comercial de Venezuela tras Estados Unidos y China. Por el momento, la UE no ha aplicado sanciones a sectores productivos con el fin de evitar agudizar la dramática crisis que sufre el país.