El euro digital acelera su preparación técnica en el BCE mientras el debate político se estanca por la privacidad, dependencia y estabilidad bancaria

El avance técnico del BCE frente al estancamiento político

Tras culminar su fase de investigación en 2023, el Banco Central Europeo (BCE) ha dado un paso adelante en 2024 al iniciar la fase de preparación técnica del euro digital. Esta etapa incluye la realización de pruebas con bancos europeos, el desarrollo de infraestructuras y la creación de un sistema que contempla una tarjeta física que permitiría a los ciudadanos realizar pagos offline, una de las demandas más importantes de los Estados miembros para garantizar su usabilidad incluso sin conexión.

No obstante, esta aceleración técnica se ve frenada por la ausencia de un marco legal claro. El reglamento que permitiría al BCE emitir esta moneda digital continúa atascado en el Parlamento Europeo, donde diversos grupos demandan garantías adicionales sobre la privacidad de los usuarios, la imposición de límites estrictos al acceso de datos por parte del Eurosistema y un encaje jurídico preciso con el sistema bancario existente. Si el reglamento es aprobado, el BCE tomará la decisión final sobre su emisión entre 2026 y 2027.

El contexto de la digitalización parece respaldar la iniciativa, ya que los consumidores de la zona euro realizaron 67.000 millones de transacciones sin efectivo en el primer semestre de 2023, con un crecimiento interanual del 10,1%. Además, un 55% de los ciudadanos prefiere ya los métodos digitales.

Críticas: “No es anónimo, ni libre, ni tangible”

Una de las voces más críticas con el proyecto es la de Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, quien cuestiona la definición que el BCE ha dado a la nueva moneda y su necesidad real. “El BCE lo ha definido como una versión digital del efectivo, pero no lo es. No es anónimo, ni libre, ni tangible. Es un apunte en una base de datos controlada, emitido sin respaldo físico y sin garantía alguna de privacidad”, advierte Marín.

El abogado también señala un déficit en el debate público. Marín critica que se intente “imponerlo sin referéndum, sin debate público real y sin consentimiento es un error. La relación entre el ciudadano y su dinero desaparecerá tal y como la conocemos, y eso necesita de un nuevo contrato social entre el Estado y el pueblo”.

El debate central sobre la privacidad y los riesgos sistémicos

Aunque el BCE asegura que los pagos offline ofrecerán un nivel de privacidad similar al efectivo, ha reconocido que las transacciones online no serán anónimas. Esto ha centrado el debate en qué datos podrán ser consultados por el Eurosistema y bajo qué tipo de supervisión.

Marín se muestra contundente sobre este punto:“El Eurosistema podría acceder a algunos datos en los pagos online con la intención de prevenir actividades ilícitas, abriendo la puerta a una vigilancia masiva y al control de hábitos de gasto de los ciudadanos”.

A esta preocupación por la privacidad se suman los riesgos de ciberseguridad y la dependencia tecnológica. El apagón ocurrido el 28 de abril en varias regiones europeas sirvió para evidenciar la fragilidad de un sistema totalmente digitalizado, donde millones de personas podrían quedar sin acceso a su dinero en caso de una interrupción severa. Esto refuerza el argumento de la necesidad de mantener el efectivo físico como respaldo.

Impacto en la banca y la falta de un encaje jurídico

El BCE ha evitado dar cifras concretas sobre el desplazamiento del efectivo, indicando que el impacto dependerá del diseño final. Sin embargo, persisten las dudas sobre los efectos en el sistema bancario tradicional. Se ha planteado un límite de almacenamiento de 3.000 euros para evitar una salida masiva de depósitos de los bancos comerciales.

Marín insiste en que estas líneas rojas aún no son claras, lo que podría “abrir la puerta a una reducción de la capacidad de los bancos para otorgar créditos si se da un traslado masivo de depósitos”.

A diferencia del efectivo, el euro digital no está contemplado en los tratados de la Unión Europea. Su correcta implementación depende de un reglamento específico que fije quién controla la emisión, el nivel de privacidad, su integración en el sistema financiero y cómo se actuará ante fallos o ciberataques. Esta falta de definición es la causa principal del bloqueo político actual.

¿Proyecto necesario o precipitado?

Los defensores del euro digital argumentan que es una necesidad geopolítica para contrarrestar el avance del yuan digital en China y el debate sobre un dólar digital en Estados Unidos, buscando evitar una pérdida de influencia monetaria internacional.

Pese a ello, Marín mantiene su escepticismo sobre la justificación del proyecto: “De hecho, tampoco existe una necesidad real. Aunque la digitalización es tendencia, el efectivo sigue siendo ampliamente utilizado y valorado por su anonimato y facilidad de uso, lo que hace prescindible introducir una moneda digital”. El abogado recuerda que el ecosistema actual de pagos (como Paypal, Bizum o monederos digitales) ya cubre las necesidades operativas sin la introducción de nuevos riesgos sistémicos.