Una política industrial transformadora para la España post COVID-19

El Real Instituto Elcano ha presentado el Policy Paper, un documento que contiene propuestas transformadoras para disponer en 2030 de un modelo industrial digitalizado y sostenible, alineado con las directrices europeas, y capaz de competir por los tramos más altos de la cadena de valor, aprovechar las nuevas tecnologías y crear más riqueza y bienestar social.

Los autores son Eva Arrilucea, líder de Think & Do de Tecnalia; Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano; Jesús Marcos, gerente de Mercados Estratégicos de Tecnalia; y Andrés Ortega, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano.

En este momento de crisis económica provocada por la pandemia, y ante la reacción solidaria de la Unión Europea, España se encuentra frente una gran oportunidad y una posibilidad real: la puesta en marcha de una política industrial de gran alcance como parte de un plan de recuperación de su economía, que ha de ser también de transformación.

Para ello, el Real Instituto Elcano ha realizado este documento con unas propuestas concretas para transformar la política industrial, en el que han participado dos de sus investigadores y otros dos del centro tecnológico Tecnalia del País Vasco.

Se trata de establecer mediante un pacto de país una nueva política industrial centrada en grandes misiones, que necesariamente ha de ser público-privada, y resituar a la industria, renovada, como un elemento central de la economía española, generador de crecimiento y empleo de calidad, de mejora de la competitividad, y de contención de la pérdida de soberanía tecnológica.

La inversión selectiva en formación avanzada y tecnologías disruptivas ofrecerá mejores oportunidades a las nuevas generaciones y situará las industrias españolas en los tramos altos de las cadenas de valor. A corto plazo, el objetivo es preservar la mayor parte posible del tejido productivo apoyando las industrias viables.

La nueva política industrial, si quiere revertir el declive que ha llevado a que esta actividad se reduzca a un 14% del PIB frente al objetivo de un 20% predominante entre las principales economías europeas, debe superar todos los problemas crónicos que han lastrado las “viejas” políticas industriales: su baja prioridad en la agenda pública, el conformismo con su declive, la inestabilidad presupuestaria y la falta de liderazgo.

En concreto, se propone que una política industrial transformadora, de nueva generación, incluya:

El objetivo es definir misiones y prioridades para estrechar la relación entre digitalización, economía verde e industrialización.

La transformación industrial es imprescindible para avanzar hacia la digitalización y la transición ecológica. Estas requerirán el concurso de la industria para hacerlas posibles, asumiéndolas y elementos necesarios para su consecución.

Entre estos objetivos figuran:

1. El 100% de los procesos de la Administración Pública y el 80% de las pymes españolas deben estar digitalizadas para el año 2030.

2. Descarbonizar la economía española, de manera que se alimente en un 100% con energía renovable para el año 2050 y abaratar la factura energética.

3. Y que para el 2030, al menos tres de cada diez investigadores en España sean extranjeros atraídos por la alta calidad del sistema español de innovación.

Se pretende adaptar los instrumentos financieros, educativos y de investigación a la transformación industrial y dotar a la política industrial de un modelo de gobernanza inclusivo.

El sistema de financiación es crítico para el éxito del nuevo modelo industrial. El fondo europeo de recuperación y transformación, el Next Generation EU supondrá para España unas trasferencias directas que se estiman en 72.700 millones de euros más otro tanto en créditos si le interesa solicitarlos. Es previsible que para que España se beneficie de una parte relevante de los nuevos fondos europeos, estas partidas se vinculen a reformas, programas y proyectos que incrementen el potencial de la economía y la resiliencia frente a crisis futuras. En consecuencia, es necesario incluir proyectos transformadores a largo plazo que encajen con los criterios europeos de ayuda para asegurar su financiación.

Es también necesario articular un mecanismo de coordinación y participación que asegure su gobernanza de esta política, en lo que se refiere a los que participan en la gestión, así como a las relaciones de coordinación entre ellos. En España, las políticas industriales han sido discontinuas, fragmentadas y no han contado con un sistema estable de gestión que ha de ser compartido e inclusivo, con la concurrencia de todos los actores del ecosistema industrial: las Administraciones Públicas, las empresas, las universidades, los centros de investigación y los centros tecnológicos.