EE.UU. mantiene la presión sobre el régimen cubano

Esta ley, más conocida como la Ley Helms-Burton, en homenaje a los legisladores que la impulsaron, fue aprobada en marzo 1996, bajo la Presidencia de Bill Clinton, con el objetivo de sustentar en un único texto el embargo que Estados Unidos aplica a Cuba desde hace más de medio siglo.

En realidad, desde la entrada en vigor de la Ley el Título III no se ha aplicado nunca, ya que se había venido suspendiendo por mandato presidencial durante periodos consecutivos de seis meses. No obstante, la política de EEUU al respecto ha cambiado a partir de este año: el pasado 16 de enero, cuando tocaba renovar la suspensión, lo hizo solo por un plazo de 45 días, y en esta ocasión ha sido tan solo de 15, hasta el 1 de mayo. Con estos plazos tan cortos la administración Trump aumenta la presión sobre el régimen, anuncia su disposición a endurecer las sanciones y, con ello, aumenta la incertidumbre, lo que va a desincentivar cualquier posible decisión de emprender relaciones con la isla.

Además, en esta ocasión, por primera vez en más de dos décadas de historia del texto, la suspensión no cubre el Título III al completo. Esto significa que los ciudadanos americanos que hayan sufrido expropiaciones de propiedades en Cuba, pueden demandar a empresas del sector público cubano que estén en la lista de entidades restringidas (que suman un total de 250). En su mayoría, son entidades que se considera que están "bajo el control" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o de los efectivos de seguridad. En consecuencia, a principios de marzo, la administración estadounidense permitió las demandas a unas 200 compañías cubanas asociadas a los militares que ahora controlan propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Todavía está en el aire si acabará permitiendo que se demande a compañías extranjeras presentes en la isla. En Cuba son numerosos los hoteles que pertenecen a empresas controladas por las Fuerzas Armadas y que se gestionan en régimen de empresa mixta por entidades extranjeras. España, Canadá y Francia estarían entre los países más afectados por una aplicación completa del Título III, pues tienen inversiones en el turismo y la minería en la isla.

Fuente: CESCE