Reino Unido ¿A la tercera va la vencida?

Tras el abrumador rechazo del Parlamento británico, el pasado enero, al acuerdo que Theresa May había firmado con la Unión Europea, la primera ministra regresó a Bruselas con el mandato de renegociar la cláusula de salvaguarda irlandesa. El objetivo de esta medida es evitar el restablecimiento de controles fronterizos entre las dos partes de la isla de Irlanda para, de esta forma, preservar la paz social del Ulster. Según lo establecido en el Acuerdo si, una vez cumplido el período de transición, Reino Unido y la UE no han consensuado qué tipo de relación mantendrán a futuro, se activará automáticamente la cláusula de salvaguarda. De esta forma, se creará una unión aduanera temporal en la que Irlanda del Norte deberá cumplir ciertas normas comunitarias en materia de regulación comercial que no aplicarán al resto del país. En la práctica, la frontera se trasladaría de la isla de Irlanda al mar de Inglaterra ya que habría que realizar controles aduaneros dentro del propio Reino Unido. El mandato del Parlamento británico a May contemplaba que la primera ministra consiguiese garantías legales de Bruselas para asegurar que Reino Unido no quedaba atrapado indefinidamente en la unión aduanera.

Retorno a las negociaciones. Tras varias semanas de negociaciones técnicas entre el representante europeo, Michel Barnier, y el abogado general del Estado británico, Geoffrey Cox, finalmente May consiguió arrancar in extremis una serie de concesiones al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que subrayaban la temporalidad de la salvaguarda irlandesa. Pese a que Bruselas advirtió que esta sería la última oportunidad para evitar una salida desordenada de Reino Unido de la UE, el Parlamento británico volvió a rechazar el Acuerdo con 391 votos en contra frente a 242 a favor (una diferencia menor al resultado de enero cuando obtuvo 432 votos en contra y 202 a favor). A esta votación le siguió otra al día siguiente en la que una mayoría de los diputados rechazaron una salida a las bravas del bloque comunitario. Ello explica que el jueves 14 de marzo, tal y como se esperaba, el Parlamento ordenase al Ejecutivo extender la vigencia del Artículo 50 (lo que evitaría la salida abrupta). Sin embargo, la Cámara puso condiciones a la duración de la prórroga: si antes del jueves 21 de marzo (cuando está previsto que se celebre el Consejo Europeo) el Parlamento había avalado el texto, la prórroga sería tan solo de unos meses, lo suficiente para poder trasladar el Acuerdo a la legislación británica (se barajaba el 30 de junio como fecha máxima). Si, por el contrario, el Parlamento volvía a rechazar el Acuerdo, la prórroga podría ser mucho mayor (se hablaba de 2020).

Nuevos obstáculos. El escenario anterior exige, pues, una tercera votación en el Parlamento británico y una nueva prueba para May. A lo largo de estos meses la primera ministra ha mantenido su incansable estrategia política de poner contra las cuerdas a los diputados británicos para intentar así forzar el apoyo a su plan. Esta estrategia, cuyo éxito a  la vista de los resultados es más que cuestionable, pretendía por un lado granjearse el apoyo de los diputados favorables a la permanencia ante la alternativa de un Brexit sin acuerdo y, por el otro, pedía el voto de los euroescépticos ante la posibilidad de permanecer en la UE. May pensaba que apuntando a ambos bandos, alguno terminaría por ceder. De hecho, parecía que, en esta ocasión, el ala dura de los conservadores más los 10 diputados del Partido Unionista Norirlandés estarían dispuestos a apoyar el texto en una tercera votación en el Parlamento. Sin embargo, el portavoz de la Cámara, John Bercow, ha asestado un nuevo revés al plan de la primera ministra al recordar al Gobierno que no puede someter el texto a una tercera votación sin incluir “cambios sustanciales”. Parece que en esta ocasión tampoco se cumplirá aquello de “a la tercera va la vencida”.