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Redacción
Jueves, 7 de junio de 2018
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Primera mesa institucional

CETA: Un impulso al comercio entre España y Canadá

Con el objetivo de analizar la incidencia del CETA, ha tenido lugar un encuentro empresarial organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Embajada de Canadá.

[Img #27822]Para analizar la incidencia del CETA en la economía navarra, ha tenido lugar un encuentro empresarial organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Embajada de Canadá.

 

Han participado Antonio Sanchez Bustamante, en representación de la Secretaria de Estado de Comercio, Fernando Goñi Ochandorena, Agregado Comercial de la Embajada de Canadá y Alvaro Diez, administrador de la Aduana de Imarcoain. En esta primera mesa institucional se han presentado a los empresarios navarros las principales tendencias y oportunidades de este mercado, que a pesar de no ser uno de los destinos preferentes en las exportaciones navarras, ofrece oportunidades en sectores tan diversos como la automoción, videojuegos o alimentación.

 

Asimismo, y para dar a conocer entre las empresas de la región una visión práctica de los beneficios de la entrada en vigor del CETA, han intervenido Silvia Ayestarán, Financial Manager de Biscay Seafood, empresa especializada en la comercialización de balacao en salazón; Javier Basabe, director comercial del grupo Prícipe de Viana, y Jose Luis Ciordia, Vicepresidente de Operaciones de Nucap Europe. La inauguración corrió a cargo del Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, y de Isabel Peñaranda, Directora Territorial de Comercio e ICEX.

 

El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, (CETA) entró en vigor provisionalmente el 21 de septiembre de 2017, casi un año después de su firma en octubre de 2016.

 

Los aspectos que afectan a competencias compartidas entre la UE y sus Estados Miembros no entrarán en vigor hasta la completa ratificación del Acuerdo por todos los Estados Miembros (España y otros diez ya lo han hecho); estos aspectos son: las inversiones en cartera, la protección de las inversiones y su mecanismo de solución de diferencias y la solución de litigios en materia de propiedad intelectual.

 

 

 

La entrada en vigor provisional del CETA da un fuerte impulso a la relación económica bilateral, además de representar un modelo a seguir en los futuros Acuerdos de la UE con terceros países

 

 

 

El objetivo inmediato de la entrada en vigor parcial del acuerdo en sus aspectos estrictamente comerciales es incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión entre ambas zonas con vistas a contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo. Se prevé que el Acuerdo permita hacer crecer las exportaciones de la UE en 26.000 millones de euros anuales.

 

El Acuerdo ofrece a las empresas de la UE más y mejores oportunidades en Canadá, elimina los DERECHOS DE ADUANAS y las restricciones de acceso a los CONTRATOS PÚBLICOS, abre el mercado de SERVICIOS y ofrece condiciones más previsibles a los INVERSORES. También defiende la PROPIEDAD INTELECTUAL y las DENOMINACIONES DE ORIGEN de la UE y respeta plenamente las normas europeas sobre derechos del consumidor en materia de SEGURIDAD ALIMENTARIA y DERECHOS LABORALES.

 

El CETA es, además, un acuerdo muy garantista al incluir un Instrumento Interpretativo Conjunto que clarifica lo acordado. Se trata de un documento jurídicamente vinculante que contempla:

 

• El derecho de los gobiernos a legislar en interés público.

• El derecho a facilitar, regular y apoyar la prestación de servicios públicos, incluidos los ámbitos de seguridad alimentaria y salud pública.

• Un nuevo Sistema de Tribunales para la solución de conflictos relativos a las Inversiones.

 

La UE y Canadá quieren que el CETA ayude a reforzar el crecimiento económico, el desarrollo social, cambio climático y la protección del medio ambiente. Por eso incluye las obligaciones de ambas partes en los acuerdos internacionales sobre derechos de los trabajadores y protección de la naturaleza. En la aplicación de estos compromisos, el CETA concede un importante papel de supervisión a la sociedad civil: asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos de defensa del medio ambiente y ONGs.


 

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