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Redacción
Lunes, 20 de febrero de 2017
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Según el Informe de Pagos por Sectores 2016 publicado por Intrum Justitia

El 46% de las empresas de transporte y almacenamiento europeas se ven obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los acordados

Entre las consecuencias del retraso en los pagos, destaca el coste adicional de los intereses, la pérdida de beneficio y la restricción de liquidez.

[Img #22056]Los retrasos y las condiciones de pago a un plazo muy largo es uno de los principales riesgos a los que debe hacer frente cualquier compañía, y sus consecuencias repercuten de forma global en la economía de un país.

 

Se trata de una problemática general, aunque unos sectores sufren esta situación más que otros. En concreto, el del Transporte y Almacenamiento es uno de los más afectados en Europa y, de hecho, el 46% de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los acordados. Así se extrae de las conclusiones del Informe de Pagos por Sectores 2016 elaborado por Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa.

 

Más allá del dato sectorial, el estudio profundiza en las consecuencias de esta realidad y concluye que la morosidad representa una amenaza real para la supervivencia de las empresas del sector: el 43% de las consultadas evalúa este hecho como de “medio a muy grave”. A pesar de su trascendencia, este riesgo no es el más acusado, ya que un 55% sitúa en este grado de gravedad el coste adicional de los intereses. La pérdida de beneficios y la restricción de liquidez, señaladas ambas por el 49% de las compañías, son otras consecuencias comunes.

 

El fomento del empleo es otra de las áreas que se ve condicionada por los retrasos e impagos. Así, el 46% de las organizaciones asegura que cobrar a tiempo les permitiría contratar nuevo talento. Es más, el 35% de las encuestadas apunta hacia la posibilidad de que puede obligarles a realizar despidos.

 

 

El 46% de las compañías preguntadas declara que cobrar a tiempo les permitiría ampliar sus plantillas

 

 

Los costes generados por los retrasos en los pagos son también importantes: una media del 3,2% de los ingresos anuales de las empresas de transporte y almacenamiento se lleva a pérdidas, frente al 2,7% de otros sectores. Además, la situación no tiene perspectivas de mejora, ya que el 91% confiesa que la evolución del riesgo de impago en su sociedad aumentará o permanecerá estable en los próximos doce meses.

 

Por otro lado, a pesar de que la economía de la Eurozona ha comenzado a repuntar, el sector del Transporte y Almacenamiento aún siente las consecuencias de la complicada coyuntura de los últimos años. Así, entre las principales causas que los transportistas barajan para justificar estos retrasos destaca las dificultades financieras de los deudores, razón señalada por el 73% de los preguntados. Asimismo el impago intencional (67%) y los problemas administrativos (48%) son otras razones identificadas.

 

 Directiva Europea contra el retraso en los pagos

 

El conjunto de la economía europea se ve afectada negativamente por los retrasos en los pagos. Con la intención de proteger a las empresas, especialmente a las pymes, la Unión Europea adoptó en febrero de 2011 la Directiva 2011/7 / UE sobre la lucha contra el retraso en las transacciones comerciales. “Cada año, son muchas las compañías que se ven en situaciones financieras comprometidas u obligadas a cerrar sus puertas porque todavía no han percibido sus facturas. Contrasta sin embargo, que el 76% de las compañías del sector Transporte y Almacenamiento no conozcan la existencia de esta directiva, promulgada precisamente para facilitar el flujo de caja entre unas empresas y otras”, afirma Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia.

 

Asimismo, admite que sería necesaria “una revisión exhaustiva de la Directiva, con el objetivo de favorecer la circulación del crédito y beneficiar el desarrollo de una economía sana y estable a nivel europeo”. Además, aplaude la reciente decisión de la Unión Europea de poner en marcha un proceso de verificación de las medidas puestas en marcha por los estados miembros para abordar el problema de la demora en los pagos.

 

 

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