El secretario general de Relaciones Institucionales y Coordinación del Ministerio, Fernando Puig de la Bellacasa, asiste en Castellón a una reunión de alcaldes del arco mediterráneo.

El secretario general de Relaciones Institucionales y Coordinación del Ministerio de Fomento, Fernando Puig de la Bellacasa, ha asistido a una reunión de alcaldes del arco mediterráneo, convocada por el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

El secretario general ha recordado el firme compromiso del Gobierno de España con el Corredor Mediterráneo y ha informado de las intensas gestiones que se están realizando desde 2009 ante la Comisión Europea para que se integre en la Red Transeuropea de Transportes.

Durante el anterior proceso de revisión de estas redes, el Gobierno no solicitó la inclusión del corredor en la Red Transeuropea de Transporte y, por tanto, la Comisión Europea no lo incorporó como proyecto prioritario de la misma.

El secretario general ha destacado que "desde 2009 se ha recuperado el tiempo perdido, ya que el Gobierno de España ha planteado la inclusión del Corredor del Mediterráneo junto con otros corredores que garantizan un correcto mallado de la red".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España ha planteado también el mantenimiento de los corredores central y atlántico, así como la inclusión de otros como el cantábrico-mediterráneo, "para garantizar los intereses del conjunto de España", y ha destacado que "son corredores complementarios y no contradictorios entre sí".

Además, ha insistido en la necesidad de que todas las instituciones y agentes implicados arrimen el hombro en esta tarea. "Todo lo que enfrente a Comunidades Autónomas entre sí dificulta la consecución de este objetivo. Por ello, el Gobierno de España pide apoyo y una posición común".

La política de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) de la Unión Europea tiene como objetivo proporcionar la infraestructura necesaria para la realización de los objetivos en materia de mercado interior y de cohesión económica y social en beneficio de todos sus ciudadanos, operadores económicos y entes regionales y locales. Esta política ha permitido desarrollar un plan general de infraestructuras del transporte a escala europea con apoyo financiero comunitario.